domingo, 17 de julio de 2011

Una batalla contra la doble moral

Desde el pasado 5 de julio está prohibida en Argentina la publicación de avisos de oferta sexual en los medios de comunicación. La medida, dispuesta por un decreto presidencial, da por cumplido un antiguo reclamo del movimiento de mujeres, colabora en el diseño de políticas públicas sobre comunicación y género y acompaña un proceso iniciado por varios medios gráficos provinciales del vecino país durante el año 2010.

Sandra Chaher

Hemos dado un gigantesco paso contra la trata y la discriminación al firmar este decreto –señaló la presidenta
Cristina Fernández desde el Salón de las Mujeres de la Casa  de Gobierno argentina, acompañada por buena parte del gabinete y escuchada por representantes del movimiento de mujeres-La publicación de ofertas sexuales es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas y a la vez una profunda discriminación hacia las mujeres”. El Decreto 936, de aplicación en toda la República Argentina, fue firmado en el marco de la lucha contra la trata de personas pero también en cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, conocida como Ley de Violencia de Género y que, en consonancia con la Convención de Belém do Pará, protege los derechos humanos de las mujeres en lo relativo a gozar de una vida libre de violencias. 

Para implementar la medida, fue dispuesta la creación de una Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Prostitución dentro del Ministerio de Justicia, que articulará junto al Consejo Nacional de las Mujeres (organismo designado para implementar la Ley de Violencia de Género) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (dependencia que debe implementar el cumplimiento de la Ley 26.152 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en su articulado incluye observar el cumplimiento de la Ley de Violencia de Género en radio y televisión).
La medida avanza entonces en el diseño de política pública tendiente a regular los contenidos de los medios de comunicación en relación con la discriminación hacia las mujeres, y complementa el proceso iniciado con la Ley de Violencia de Género que planteó, por primera vez en la legislación argentina –y en un proceso también pionero en el continente-, la figura de violencia mediática.
La misma es definida por la ley como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”. Los avisos que promueven la oferta sexual en los medios de comunicación quedan perfectamente encuadrados en esta definición de humillación y discriminación hacia las mujeres.

Debate abierto
“Repudiamos terminantemente la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de niños y niñas (…) Sin embargo, creemos que la prohibición de publicitar avisos de trabajo sexual no solo no acabará con la trata de personas con fines de explotación sexual, sino que esta medida cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicitar nuestros servicios”.
Así se expresó la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) apenas la presidenta Cristina  Fernández anunció la promulgación del Decreto936.
Ammar reivindica el ejercicio de la prostitución como “fuente de trabajo legítima”  y reclama una regulación de la misma para dar batalla a las grandes  mafias que reconoce instaladas en el país.
“Nosotras, las integrantes de Ammar no somos tratadas, no somos obligadas, no somos secuestradas y no nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales”, alega la asociación. “El prohibir la publicación de anuncios es una medida que solo criminaliza nuestra actividad y que motivará que aquellas compañeras más débiles, o que cuenten con menores recursos, tengan que acudir a las grandes redes de proxenetas y tratantes, que en complicidad con las fuerzas de seguridad y amprados en el ocultamiento y la marginalidad de su actividad, tendrán vía libre para ofrecer su `amparo`, haciéndoseles así más sencillo el seguir creciendo y fortaleciéndose, a costa de la explotación y esclavitud de las trabajadoras sexuales”, cuestiona Ammar.
En tiendas de la diversidad sexual, la reacción fue de signo contrario. La prohibición de avisos de oferta sexual “Es un avance importante en dos sentidos. Uno es que el Estado se hace cargo de esa realidad que incluye no solo a mujeres, no solo a la sujeta mujer, sino también a las travestis como principales víctimas, como lo son de la prostitución, la explotación y trata”, otro que implica “correrle el velo de hipocresía a esta sociedad”, evaluó para el diario argentino “Página 12” Lohana Berkins, presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (Alitt) y de la cooperativa travesti Nadia Echazú.
“Es claro que muchas veces los mismos medios que intentan imponernos una moral, o se alían con los sectores más conservadores y fundamentalistas de este país, a su vez lucran con esta realidad. Y todos sabemos que no se puede estar en la procesión, dar la misa y ser santo”, agregó.
Para Berkins, la explotación sexual es “indudablemente una de las formas de esclavitud de este siglo” y algunos reclamos que pretenden desestimar eso “tapan que la real cuestión detrás es el negociado que implica. Nunca he visto una mujer o una travesti que de la prostitución se haya hecho millonaria”.

Artemisa Noticias

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