lunes, 23 de mayo de 2011

Tapa. Domingo 22 de mayo de 2011

De Montevideo a Ginebra, por sus derechos

Domingo 22 de mayo de 2011
 
Uruguay es modelo en la región por su regulación del trabajo doméstico remunerado. Como tal, tendrá un papel destacado en la discusión de un Convenio internacional sobre trabajo decente para las y los trabajadores  domésticos, que se dará en junio próximo en el seno de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
 
De la delegación de nuestro país formarán parte Susana Pereira y Graciela Espinoza, dos afiliadas al Sindicato Unico de Trabajadoras Domésticas (SUTD), que hace dos semanas convocó junto con la organización no gubernamental Cotidiano Mujer, un Encuentro Na-cional del sector, inaugurado entre otros, por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. En esa oportunidad, se analizó la importancia de que se apruebe el convenio referido y también una recomendación orientadora de futuras normativas en la región, así como del fortalecimiento del propio sindicato durante el proceso.
 
“Hemos pasado de la clandestinidad a la legalidad. Ser invisible y no tener derechos es una forma de clandestinidad. Y pasar a la legalidad significa reconocer que una persona tiene lo que tenía que tener: derecho a ejercer su rol como ciudadana”. En el Encuentro Nacional de Trabajadoras Domésticas del Uruguay, celebrado el pasado 8 de mayo, así sintetizó el doctor Mario Pomata, asesor del Instituto Cuesta Duarte del PITCNT (Icudu), el antes y el después de la situación de quienes realizan trabajo doméstico remunerado en Uruguay, pautados por la aprobación de la Ley 18.065 en 2006, su reglamentación en 2007 y la inclusión del sector en la negociación colectiva en 2008.

Estas conquistas históricas costaron mucho. No cuentan con el beneplácito de los empleadores, que han llevado su malestar hasta la OIT y volverán a expresarlo cuando se discuta la aprobación de un convenio y una recomendación para el sector. Por eso, el movimiento sindical en general y el SUTD  en particular, se preparan para defender sus intereses en la OIT. En ese marco, el SUTD y el Icudu elaboraron un documento
donde se cuenta la historia del primero y se hacen reflexiones y propuestas sobre los proyectos por cuya aprobación se bregará. Según datos del Banco de Previsión Social recogidos  en el documento referido, en
Uruguay el trabajo doméstico representa  el 7,7% del total de ocupados y el 17,6% de las mujeres ocupadas, las que a su vez constituyen el 99.2% de los trabajadores del sector. La mayoría de estas trabajadoras (52.7%) solo cursó estudios de primaria, alcanzando secundaria incompleta el 33.2%. La mayoría tiene entre 35 y 54 años de edad, aunque las hay a partir de los 14 años y también adultas mayores.
De acuerdo a información proporcionada durante el encuentro por Adriana Lado, integrante del Departamento de Género del PIT-CNT, actualmente las trabajadoras domésticas suman alrededor de 100.000 en todo el país y por lo menos 2 de cada 3 son jefas de hogar.
Por primera vez, se está llegandoa las 60.000 cotizantes al BPS. 
 
Mas de 40 años de historia
Los intentos de organización de las trabajadoras domésticas uruguayas datan de 1963. Durante la primera etapa, que se extendió hasta 1967, hubo un grupo –en general mujeres muy jóvenes y provenientes del interior del país- que se reunían en las parroquias, siendo las más numerosas las que acudían a la parroquia del Cordón, en uno de cuyos salones el 6 de agosto de 1967 se fundó la Asociación de Empleadas de Casas
Particulares (Anecap). Desde allí se trabajó para formalizar un sindicato. Tuvieron local propio en la calle Durazno, donde se realizaban talleres artesanales y venta de lo producido para financiarse, y se constituyó un equipo pedagógico integrado por abogados, médicos, sicólogos y asistentes sociales.
 
En 1975 se formó la Asociación Laboral de Empleadas del Servicio Doméstico y Afines (Alesa). Durante la dictadura, su sede sirvió para cobijar y trabajar con las más pobres y ayudarlas a defender sus derechos. En1985 había alrededor de 2000 afiliadas. En ese marco se hizo una asamblea general para fundar el Sindicato Unico de Trabajadoras Domésticas, que se reorganizó en 2005 a convocatoria del PIT-CNT y con el apoyo del gobierno nacional. Actualmente, el SUTD tiene unas 2.000 integrantes, aunque no todas cotizan.
 
Marco jurídico nacional 
La Ley 18.065 de diciembre de 2006, limita la jornada laboral a 8 horas diarias y 44 semanales, con descanso intermedio de media hora pagada para quienes trabajan “con retiro” y de dos horas en caso de hacerlo “sin retiro”, ambos de libre disposición para trabajadoras y  trabajadores; descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas que comprenderán necesariamente todo el día domingo, descanso nocturno mínimo de 9 horas continuas, que no podrá ser interrumpido por el empleador, así como alimentación adecuada y habitación higiénica y privada en las situaciones “sin retiro”.

Otros beneficios son la indemnización por despido desde  los 90 días corridos de iniciada la relación laboral, tanto paramensuales como jornaleros; indemnización especial en caso de despido de trabajadoras embarazadas, subsidio por desempleo, subsidio por enfermedad y cobertura de salud.
 
La edad mínima para emplearse se establece en 18 años, sin perjuicio de que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) lo autorice a partir de los 15 cuando medien razones fundadas.
 
El 17 de diciembre de 2010 fue aprobado el segundo convenio colectivo que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 y establece salarios mínimos por mes y por hora, ajustes salariales sucesivos según remuneración de base, correctivos para la última franja salarial, compensación por trabajo nocturno, obligación de pagarel salario íntegro aunque el empleadordecida no convocar atrabajar en los días acordados,conformación de una ComisiónTripartita de Salud Laboral y ratificación de los demás beneficios establecidos en el convenio anterior, aprobado el 10 de noviembre de 2008.
 
En ambas negociaciones, la parte empleadora estuvo representada por la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay.

Expectativas y propuestas
Las y los trabajadores domésticos organizados sindicalmente adhieren al concepto de trabajo decente propuesto por la OIT en 1999: “trabajo productivo para hombres y mujeres que se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”.

Convencidos de que la aprobación de instrumentos internacionales colabora con la construcción de trabajo decente, se pronuncian a favor de que de la próxima Conferencia General de la OIT se salga con las dos cosas: un convenio y una recomendación. El primero requiere la ratificación de los legislativos de los países miembro, luego de lo cual en Uruguay se convierte en ley nacional, aunque la justicia demanda una norma interna que determine como aplicar el convenio. La recomendación sirve para orientar futuras normativas, sobre todo en países que todavía no cuentan con ninguna.
 
Analizados los borradores puestos a consideración por la OIT, las trabajadoras organizadas advierten que la ley uruguaya avanza más que los proyectos de convenio y recomendación, y solicitan que quede claro en ellos que la de trabajo doméstico es una relación de trabajo típica, es decir que alude a “un trabajador como cualquier otro que vende su fuerza de trabajo a cambio de una remumeración”.

Como punto trascendente del convenio celebran el establecimiento de la edad mínima para trabajar en 18 años, reclamando que no se habilite una flexibilización que la desnaturalice y proponiendo, en su caso,  limitación de jornada ycontinuidad de los estudios entrelas cotraprestaciones del empleador a menores de edad.
 
En consideración a los actuales movimientos migratorios, advierten que los contratos escritos deberán tener en cuenta el idioma de origen, para que sean realmente comprensibles. También formulan reservas respecto del pago de horas extra sin limitación de jornada, un único descanso semanal cada 7 días y pago en especie de la remuneración que corresponda, aunque no sobrepase el 10% de los ingresos totales.
 
 

Otra oportunidad de inclusión

Berta Sanseverino. 
Diputada

Hay que responder con excelencia en la formación de aquellos a los que queremos beneficiar con mejores condiciones sociales y laborales.Y esos no son otros que los jóvenes de ambos sexos, y las mujeres de todas las edades, porque esos son los grupos discriminados todavía en el país, en materia laboral. Hay que ofrecer, dar herramientas, instrumentos, con un claro contenido de excelencia, que les permita acceder al mundo del trabajo que hasta ahora los margina”. Esta frase, que puede ser parte de una  plataforma, ha sido una gran apuesta para cubrir un vacío en las políticas sociales: la puesta en marcha de programas de trabajo protegido.
 
Cuando se puso en marcha el Plan de Emergencia Social, dirigido a las familias que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social, uno de los componentes fue Trabajo por Uruguay. El objetivo del mismo era contribuir a la ruptura de las barreras de exclusión social mediante una intervención centrada en el trabajo. Un trabajo muy especial: hombres y mujeres, integrantes del Panes y desocupados fueron seleccionados a través de sorteos, para realizar tareas de alto impacto comunitario y apoyadas por una organización social que habría de realizar el acompañamiento.

Participaban cuatro actores: el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que es el responsable y supervisor; los organismos públicos que presentan memorias de trabajos para la comunidad; las organizaciones sociales que acompañan procesos de aprendizaje y reinserción social y el actor principal: la persona que acepta participar en el programa.
 
Siempre se trabajaba en grupo: son brigadas de 20-25 personas. Además de las horas de trabajo -reparar los bancos de escuela, hacer veredas en los hospitales, pintar las rejas de un liceo, pintar los juegos de una plaza, hacer una huerta- tienen horas de alfabetización, capacitación, entrevistas con asistentes  sociales, psicólogas, equipos médicos.
 
 En esos espacios “nada de lo humano quedó afuera”: se “resolvía” y se “hablaba” de muchas cosas, fundamentales para la vida de toda persona: acompañar a tratamientos médicos, obtener documentación, recibir atención por temas de violencia doméstica, pedir apoyo por situaciones que desbordan y que mayoritariamente recaen en las mujeres. La mejor manera de potenciar los canales de inclusión social es generar una práctica que habilite el acceso a servicios públicos y comunitarios que atiendan esta compleja realidad. Y fundamentalmente crear hábitos de convivencia y de trabajo, difíciles de incorporar cuando la actividad desarrollada por miles de estas personas durante años es individual e informal o en su recinto familiar.

El programa Trabajo por  Uruguay nos deja muchas enseñanzas: un buen gobierno debe saber interpretar a toda la sociedad, sin perder la brújula, incentivando los compromisos sociales y comunitarios, apoyando e incrementando la participación social, abriendo nuevos espacios educativos, culturales, profesionales, donde la gente se siente recompensada en su esfuerzo, y no estoy hablando solo de una cuestión monetaria.
 
Como hemos podido apreciar en este programa, focalizar es una buena cosa, porque parte de reconocer un hecho. Los excluidos de los servicios básicos son las personas más pobres o socialmente más vulnerables. Es decir, poseen menos “libertades” para estudiar o para encontrar trabajo como medios para tener una vida digna.

Por ello debemos seguir focalizando para universalizar derechos. Estoy convencida que estas intervenciones sociales han beneficiado a las mujeres, que son las que más se acercaron a las instituciones no solo a demandar sino a construirse un nuevo lugar en la sociedad, las que más enriquecieron con sus aportes un programa social que ahora existe con otras características  pero con el mismo espíritu: me refiero a Uruguay Trabaja, que este año abre cupos para 3.000 personas.

Nuevos insumos para políticas públicas

Si bien la normativa y las políticas públicas en la materia han avanzado mucho desde el primer informe del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva producido por MYSU en 2007, el tercero que corresponde a 2010 y fue presentado el pasado 5 de mayo, concluye que el acceso al ejercicio pleno de los derechos reconocidos por aquellas para las mujeres sigue estando restringido. Entre otros factores por la tensión existente entre lo técnico y lo moral en la práctica médica.

I.P.

La presentación del tercer informe del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva que gestiona MYSU, estuvoa cargo de las coordinadoras generales de la organización no gubernamental, Lilián Abracinskas y Alejandra López Gómez, la directora del Primer Nivel de Atención de laAdministración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alicia Sosa, el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), Fernando Filgueiras y el ministro de Salud Pública (MSP), Daniel Olesker.

Abracinskas llamó la atención sobre el hecho de que un informe independiente de la sociedad civil contara a la vez con aval ministerial: “no se entiende mucho” admitió, pero a su juicio constituye un ejercicio efectivo de democracia.
 
Por su lado, el ministro Olesker enfatizó que el trabajo realizado por el Observatorio constituye “un insumo para quienes hacemos política pública y queremos dejar un campo teórico de cómo creemos debe hacerse desde la izquierda”.
 
El proceso
El enfoque de este último informe es novedoso, ya que intenta explorar en las percepciones, valores y  prácticas de los profesionales de salud. Para 2011, MYSU planea concentrarse en los servicios de salud sexual y reproductiva públicos y privados, cuya implementación es obligatoria para todas las instituciones de servicios integrales de salud del país a partir de principios de este año y en lo que MYSU está trabajando conjuntamente con el MSP.
 
Abracinskas evocó que cuando el Observatorio comenzó a funcionar, había una gran ausencia del Estado en la materia, al punto de que los propios gobernantes estaban convencidos de que “el servicio que funciona en el (hospital) Pereira era suyo”, siendo que era gestionado por una organización de la sociedad civil.
 
Recién en 2011 el Sistema Nacional Integrado de Salud incorpora la salud sexual y reproductiva a la visión de la salud integral, como derecho universal para sus usuarios y usuarias. Con anterioridad, sólo estaba el modelo de la Intendencia de Montevideo. Pero, a pesar de que “en términos de la ciudadanía es un proceso lento, en términos de la historia de un país es muy rápido”, reconoció la cocoordinadora de MYSU.

El primer informe del Observatorio dio cuenta de que la normativa en la materia no era poca, pero su falta de aplicación residía en la falta de conocimiento que tenían los profesionales y las propias usuarias de las mismas.

En 2009, “llamó la atención que los profesionales de la salud habían ampliado su conocimiento de las normas y sin embargo elegían no aplicarlas”, lo que condujo al equipo de MYSU a la inquietud, para el informe 2010, de enfocar la indagación en los aspectos subjetivos de quienes actúan técnicamente en la salud, intentando dar cuenta de si ello obstaculiza o no el ejercicio de los derechos.
 
El campo de investigación fue acotado a la Red de Atención Primaria de ASSE en Montevideo y a sus equipos del primer nivel de atención, conformados por trabajador social, auxiliar de enfermería, ginecólogo, médico de familia, médico de atención primaria, nurse, partera y psicólogo.
 
Percepciones y valores 
Los profesionales que respondieron al cuestionario, enfrentaron la indagación de qué valores debieran promoverse en la infancia y la adolescencia. Fueron muy concluyentes los porcentajes sobre la importancia otorgada al valor de la responsabilidad (54% del total, mayoritariamente mujeres y profesionales de menos de 10 años de ejercicio, así como asistentes sociales y médicos). En cambio, valores como la independencia
fueron mucho menos identificados como importantes por los profesionales (12%).

Respecto a las opiniones frente a situaciones y/o decisiones “críticas” de la vida íntima y social, el 62% de los muestreados consideraron que “mantener relaciones sexuales sin protección” no se justifica, porcentaje que aumenta considerablemente (74%) entre quienes profesan alguna religión.

Un 12,5% de los profesionales consideran que el aborto voluntario “nunca se justifica”, siendo los varones y las auxiliares de enfermería quienes menos lo justifican y mujeres las que más lo hacen (sobre todo parteras y profesionales de la psicología). Entre quienes profesan una religión, 15% no lo justifica nunca y el 42,5% de quienes no profesan ninguna lo justifica siempre.
 
Otro aspecto interesante de los resultados del informe 2010 del Observatorio, es que si bien el 97% de los y las profesionales rechazan que un “hombre le pegue a una mujer”, la “violencia física hacia niños por parte de los padres” cosecha porcentajes menores de no justificación (79%).

Que profesional se quiere ser
En cuanto a las prácticas profesionales, uno de los aspectos indagados fue si se considera pertinente mostrarle al paciente todas las posibilidades, incluso aquellas con las que no estoy de acuerdo”, con lo que un
84% estuvo de acuerdo, sobre  todo las mujeres, los más jóvenes, asistentes sociales, parteras y ginecólogos. El 42% manifestó total acuerdo en que “en el ejercicio de mi profesión hay decisiones que tienen tantas  implicancias éticas que no puedo ceñirme únicamente a los criterios establecidos en las normativas sanitarias”, dato que de algún modo da cuenta de las tensiones entre la acción técnica y la acción moral de los profesionales, en las que intenta poner énfasis el informe.
 
Las reacciones emocionales frente a situaciones complejas en salud sexual y reproductiva, también investigadas, muestran que la mayoría de los profesionales varones sienten enojo y preocupación frente a la violencia hacia las mujeres, mientras que sus pares mujeres se sienten impotentes y preocupadas.

Sin embargo, cuando un niño o niña muestra signos de violencia física y/o emocional, predomina en varones y mujeres el enojo. Respecto a la situación de una mujer que desea realizarse un aborto, un alto porcentaje  (44.2%) manifestó sentir respeto y 15,9% preocupación.

Derechos sexuales y reproductivos en las aulas

Una alianza, formalmente consagrada en un convenio, entre las áreas de educación y salud, dará impulso a una política pública encaminada a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como derechos humanos. Los contenidos de la Ley 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva y de su reglamentación, promovida por el Ministerio de Salud Pública, constituirán la base conceptual del trabajo docente sobre estos temas en las aulas de todo el país.
ISABEL PEREZ



La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través de su Consejo Directivo Central (Codicen) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), firmaron el pasado 4 de mayo un convenio marco para trabajar en conjunto respecto a la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos en 2008 por la Ley 18.426.
En el evento participaron el director del Departamento de Programación Estratégica en Salud del MSP, Leonel Briozzo; la presidenta del Consejo de Formación en Educación, Edith Moraes; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Beatriz Ramírez; el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, Fernando Filgueira, así como el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker y el presidente del Codicen de la ANEP, José Seoane.
La firma del convenio tuvo lugar en el Instituto de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores (IPES), donde luego se desarrolló una jornada de formación dirigida a docentes que dictan los seminarios obligatorios de Derechos Humanos y Sexualidad -tanto en Magisterio como en Formación Docente de todo el país- así como a integrantes de equipos de salud del primer nivel de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), muchos de ellos vinculados al denominado Espacio Adolescente, presente en la mayoría de los departamentos del país.

Políticas en el llano
Briozzo recordó que para que desde el punto de vista sanitario se visualicen cambios en materia de derechos sexuales y reproductivos -ahora que la ley y su reglamentación están vigentes- es preciso que se instalen los respectivos servicios tanto a nivel de la salud pública como de la privada pero, además,  que “la promoción de estos derechos se haga de forma sistematizada en las aulas”.

La alianza entre educación y salud garantizará, a su juicio, que se pueda tener “un país de primera a nivel de la cultura y el ejercicio pleno de los derechos”sexuales y reproductivos.
Ramírez enfatizó en la importancia de dar espacio, en el propio encuentro que se desarrollaría en la tarde, al debate que abrió la aprobación de la Ley 18.426 a raíz del veto interpuesto por el ex presidente Tabaré Vázquez a la parte del articulado que despenalizaba el aborto voluntario, revalorizando a su vez lo que sí nos dejó la go de una primera mesa de presentación para reflexionar en torno a los contenidos de la ley y su interpelación al ejercicio profesional cotidiano. 
A su vez, celebró la integración de quienes participarían del encuentro, en tanto confluyen en el “enclave territorial y multiplicador” que tienen como seña particular las políticas públicas de éste período de gobierno, para llegar a las personas a las que “más se les han vulnerado sus derechos”.
Filgueira caracterizó la firma del convenio como un acontecimiento que viene a sintetizar tres procesos: la lucha del movimiento de mujeres, las prácticas silenciosas pero convencidas de muchos docentes en sus aulas, el trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres y de actores del MSP y la educación pública.
Seoane puso el acento en que el convenio, que pretende potenciar la alianza ya existente entre salud y educación, significa un “avance en la democratización del conocimiento”, entendiendo a la educación como “posibilidad, como contribución al ejercicio real de los derechos”.
Educar para el placer 
Para el ministro Olesker en la firma del convenio converge el trabajo de mucho tiempo, así como las exigencias marcadas por tres leyes: la Ley de Educación, la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, y la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos. El objetivo, dijo, es que los docentes tomen como base conceptual los contenidos de la Ley 18.426 y su reglamentación de setiembre de 2010, donde se entiende a la salud sexual y reproductiva en un sentido amplio, “incorporando el derecho al ejercicio de una sexualidad placentera” y no centrándose en la perspectiva del “control sanitario”.
Destacó también la importancia de la coincidencia de los docentes de Formación Docente y los equipos de ASSE en el “derecho a apropiarse del propio cuerpo”, y calificó al encuentro de “momento histórico para esta nueva generación de derechos”.
Repensarse para actuar 
Los docentes y profesionales de la salud (trabajadores sociales, psicólogos/as, licenciadas/os en enfermería, médicos y médicas) presentes, se reunieron luego de una primera mesa de presentación para reflexionar en torno a los contenidos de la ley y su interpelación al ejercicio profesional cotidiano.  

Algunas afirmaciones funcionaron como disparadores de la discusión: “Mirá cómo se visten, andan desnudas, después que no se quejen de los varones”, “Un adolescente no puede concurrir solo a una consulta médica”, “Los docentes no tenemos herramientas para intervenir en situaciones de violencia”, fueron algunos de ellos. Las reflexiones posteriores de los talleres estuvieron vinculadas con la necesidad, en el abordaje profesional del derecho a la salud sexual y reproductiva, de estar muy atentos a las propias prácticas, así como de la importancia de encontrar actores aliados, pues más allá de las instituciones, “las personas no siempre actúan desde una perspectiva de respeto por los derechos”, aseguraron participantes. Y es que se trata de transformaciones culturales difíciles aunque indispensables, concluyeron. 

A su vez, algunas de las y los docentes presentes plantearon no pensar sólo en términos de cuando ya hay un problema instalado, como puede ser la  vulneración específica de algún derecho, sino pensar en la perspectiva de la  promoción y habilitación para el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos: dando cuenta del derecho a acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en todas las instituciones de salud, de la concepción que la Ley 18.426 hace de los mismos, entre otras estrategias.

Sistema educativo
Avanza la institucionalidad

Beatriz Abero, responsable de la implementación de los seminarios de Sexualidad y Derechos Humanos en Formación Docente a nivel nacional y una de las responsables de la coordinación entre ANEP y MSP para la firma del convenio entre MSP y ANEP, evocó que todo comenzó como idea de una jornada en común entre Educación y Salud, pero luego la propuesta “entusiasmó a otros” y tomó forma.
En el sistema educativo formal, los derechos sexuales y reproductivos hoy están presentes en educación inicial por medio de su incorporación al programa curricular, se cuenta con doscientos profesores referentes de educación sexual en liceos de todo el país y la temática es parte de los programas del Ciclo Básico Técnico en primero y segundo año y se desarrolla en talleres de dos horas semanales. En Formación Docente, a nivel nacional son obligatorios, tanto para futuros maestros como para futuros profesores de todas las disciplinas, los seminarios de Sexualidad y de Derechos Humanos. Abero resaltó que “hay institucionalidad, hay docentes con interés y hay demanda social”. Lo que resta, a su juicio, es el fortalecimiento académico. 
“La sociedad ha estado procesando cambios, lo que amerita que la institución educativa construya un discurso nuevo”, agregó, para  lo que requiere separar, por ejemplo, la femineidad de la maternidad, el deseo de la reproducción, pensar las tensiones entre lo privado, lo íntimo y lo público, así como los cambios en los modelos de varón y de familia, entre otras nociones. 
También es verdad, reconoció, que hay inarmonías entre la institución educativa y la sociedad, así como nuevos reclamos hacia la educación, pero “quienes estamos formados para pensar esto, somos quienes tenemos que plantearnos el cambio en este diálogo”,que, de otro modo y con respuestas del tipo “no nos compete” es imposible de saldar. Porque en estos temas, “cuando uno no da una respuesta consciente, también está dando una”, advirtió.

Formarse en derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género, implica pensar en qué  subjetividades se están construyendo, y hace que “veamos lo que antes no veíamos y que desnaturalicemos lo que antes nos parecía normal y es aberrante”, concluyó Abero.

Matrimonio prohibido

No merecían morir

“Trajeron vergüenza a nuestra comunidad. ¿Cómo pudieron huir con dos hindúes? Se merecían morir. No tenemos remordimientos”, dijo apenas arrestada por la policía una de las madres que mató a su propia hija sólo porque “como musulmana no debía hacerse casado con un hindú”.

Husna tenía 26 años y Zahida 19. Las dos jóvenes fueron atacadas por sus madres al volver a sus casas, apenas casadas. Volvieron para entenderse con sus familias y hablar sobre el tema de la elección que habían realizado, informó Anil Kumar Kusan, el policía a cargo de la investigación.

Las mujeres arrestadas son musulmanas y decidieron estrangular a sus hijas porque las habían humillado. ¿Cómo? Se casaron con hindúes. Las jóvenes eran vecinas en la localidad de Baghpat, provincia de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Se enamoraron de dos obreros de la construcción que eran hindúes. 

En la India los matrimonios entre personas de diferentes castas y también de distintas religiones (sobre todo entre musulmanes e hindúes) no son bien vistos. Por lo general, la  familia elige al cónyuge dentro del mismo grupo social. 

Son conocidos los casos de lapidación de amantes insumisos. Sin embargo, es poco frecuente que las madres maten a sus hijas. “Por afrentar a la familia se merece la muerte”, insisten las arrestadas, que son viudas y  hacen declaraciones a la prensa usando el mismo nombre: Khatun, que significa que son de una casta superior.
No se sabe como serán castigadas las dos asesinas. En  razón de su pertenencia a una casta superior, es  posible que la pena no sea alta.

El Tribunal Supremo de la India trata de luchar contra la plaga de “homicidios por honor”. En una reciente comunicación los jueces manifestaron que “tales prácticas son bárbaras y características del feudalismo”. No obstante, en India mueren alrededor de 900 personas al año asesinadas por esa causa.

Puede y debe rendir más

Una mirada feminista a la formación docente.

KARINA THOVE

Lo primero que se constata en “Puede y debe rendir más. Una mirada feminista sobre las políticas de Formación Docente”, de acuerdo a la presentación pública que hizo María Goñi (Cotidiano Mujer), es que existe muy poca investigación con perspectiva de género dentro del sistema educativo uruguayo. Si bien la educación sexual –muy demandada- o la perspectiva de los derechos humanos están presentes hoy en los programas de enseñanza, suele incorporarse a ellas la categoría género y “se usan de forma indistinta” como si fueran lo mismo, pero sin que forme parte de la currícula formal de los planes o en la propia formación docente.
 
Como se lee en la contratapa del libro, “para que el sistema educativo funcione efectivamente como agente de inclusión, es urgente re-trabajar las desigualdades y diferencias en el complejo entramado de género, clase, etnia, raza y encontrar las estrategias pedagógicas, con la urgencia y el dramatismo que nos exige la apuesta ética por la igualdad”. A juicio de Cotidiano Mujer, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) del Consejo Directivo Central de la Enseñanza Nacional (Codicen) debería estar más comprometida
con el Plan de Equidad y el  monitoreo periódico al que se  somete a todas las carteras ministeriales  para  evaluar los resultados.

Para Lilián Celiberti, autora del capítulo que se encarga de analizar la relación entre género y educación –dos cenicientas dentro de las ciencias sociales que se potencian mutuamente de las políticas de género, hay que pedirle al sistema educativo “un cambio de paradigma” que incorpore la perspectiva de género, no solamente para hacer un análisis descriptivo sobre qué es ser hombre o mujer sino para desmitificar las relaciones de poder implícitas y los impactos diferenciales que traen como consecuencia. 

No alcanza con que el docente “tenga sensibilidad” frente al tema, sino que hay que darle las herramientas pedagógicas adecuadas. Para Celiberti es muy llamativo que cuando se evidencian los graves problemas deeficiencia educativa –resultados de la pruebas Pisa, índices de  deserción, fracaso o abandono del sistema- no se tome en cuenta que están implicados “casi el 70% de los varones en el  ciclo de enseñanza media” y en consecuencia eso amerite una lectura de género.

La profesión docente La doctora María Ester Mancebo aborda las políticas de profesionalización docente vigentes recordando que “el 80% de los docentes en Uruguay son mujeres”, una profesión históricamente feminizada con todo lo que eso significa (rol tradicional, desvalorización, mal remunerada, etc.).

“Uruguay cuenta con un 100% de maestros primarios titulado, pero arrastra un déficit histórico de docentes que enseñan en el nivel medio sin la acreditación correspondiente: la tasa de titulación es de 59% en Secundaria y 44.3% en la educación técnica”, aporta su estudio. En estos momentos, la formación docente se está encaminando hacia una “universitarización”-creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE)- compleja, polémica, resistida pero a la vez deseada, “que constituye una ventana de oportunidad para la transformación de la educación nacional” apostando al desarrollo profesional del docente, la educación permanente y a la actualización de conocimientos.

En cuanto a las condiciones de trabajo, que involucran no sólo la remuneración o las locativas y materiales, Mancebo quiso poner el acento en que menosde la mitad de los docentes de la ANEP (45.4%) son efectivos, lo cual da una mayoría de interinatos y suplencias que juegan su papel a la hora de evaluar el grado
de involucramiento y compromiso docente. “En la misma dirección opera el hecho de que una parte importante de maestros y profesores trabajen en más de un centro educativo: un 58.4% concentra su labor en un solo centro pero un 37.9% trabaja en dos o tres centros e incluso un 3.7% lo hace en cuatro centros”, ilustra la investigadora. 

Hay datos claros sobre el reclutamiento docente –provienen de sectores socio educativos medios, medios bajos, resultados académicos mediocres- pero el acento hay que ponerlo en “pensar en una educación inclusiva, que tome en cuenta al que se rezaga, al que no aprende”. Reinventar la profesión docente pasa por descartar los formatos de educación clásicos, incorporar las nuevas tecnologías, generar grados de empatía grandes, competencia ciudadana, sentirse parte de la comunidad y sabios en el sentido más socrático del término.
 
Trayectorias desiguales
El pormenorizado estudio que presenta Verónica Filardo sobre las trayectorias educativas de la juventud de hoy evidencia varias “fallas” sistémicas. Primero que nada, resulta clave entender cuáles son los comportamientos a nivel de Primaria para visualizar su incidencia directa en lo que sucederá luego a nivel de la enseñanza media, donde se sigue dando la deserción y el abandono pese a que, a partir de la Ley de Educación del  año 2008, se la consagra como obligatoria en todo el territorio nacional.

Si bien hay un egreso cuasi universal a nivel de Primaria,“uno de cada cuatro egresan con rezago (repitieron uno o más años en la escuela)”; la deserción del nivel medio –del que egresan solo uno de cada tresestá determinada por esta repetición previa. “El sexo supone desiguales probabilidades de repetir: los varones repiten mucho más que las mujeres en la escuela” y es una tendencia que se va acentuando conforme se avanza en el sistema educativo.  
 
“Las mujeres obtienen en  conjunto una mayor escolarización (culminan educación media el 39% de las mujeres frente al 28% de los varones) y lo hacen en mayor proporción en los tiempos esperados” pero, por otra parte, es un error considerar que los jóvenes “que no estudian ni trabajan” sean solamente los que están “en la esquina drogándose o tomando vino”, marginados o excluidos: entran aquí también las mujeres que no ingresan al mercado laboral por trabajar exclusivamente en el hogar sin percibir ingresos y sin que se espere que lo hagan (tanto salir a trabajar como a continuar estudiando).
 
 “Sin embargo, al considerar el impacto social de la educación, si bien es innegable que a mayor escolarización (mayor nivel educativo aprobado) y mejores desempeños (ausencia de rezago) se obtienen mejores ingresos por trabajo, también es cierto que los varones reciben mejor salario promedio que las mujeres para todas las trayectorias educativas”, concluye.
 
Miradas criticas 
 
La directora del Instituto Normal de Montevideo Cristina Hernández y la integrante del Consejo de Formación en Educación Edith Moraes, hicieron algunos comentarios en torno a los datos presentados en el libro. Así, por ejemplo, para la primera es una realidad que en los espacios de educación no formal se ha trabajado más con el tema de la violencia y de género pero, por otro lado, al maestro –y a la escuela- se le pide que solucione todo y sepa como hacerlo, cuando muchas veces “estamos ante problemáticas sociales profundas” y con poca colaboración familiar (los padres  brillan por ausencia en las reuniones escolares y de comisiones de fomento).

Igualmente, para señalar avances, quiso recordar que hasta hace unos años atrás a los maestros que pretendían enseñar educación sexual “se les iniciaba sumarios y eso hoy ya no pasa”.

Moraes cuestionó el título del libro porque parece dirigido a castigar al docente, a la formación, al sistema educativo en su conjunto desde un juicio de valor arraigado en formas de evaluación arcaicas –“Puede y debe rendir más”- y prefirió quedarse “por la positiva con el puede”, en un sentido de afirmación para enfrentar los enormes desafíos que plantea un sistema con tantas disparidades e inequidad intrínseca. Exhortó a “recuperar la mística docente, disfrutar de lo que se hace con convencimiento de causa”, porque “educar requiere de mucho coraje” y de ejercer “un rol contra hegemónico permanente”.

Una historia única

 Elena Clavell*
 
El derecho a tener una historia clínica completa es uno de los pilares de la ley que regula los derechos y deberes de usuarios de los servicios de salud. La historia clínica es un conjunto de documentos –que no se puedan alterar ni destruir- donde se encuentran todos los datos relativos a la evolución del estado de salud de un paciente desde el nacimiento hasta la muerte.
Allí podemos encontrar detalles sobre síntomas, enfermedades, tratamientos recientes o pasados, intervenciones quirúrgicas, antecedentes familiares entre otros. Por la importancia de la información contenida, es que los servicios de salud tienen el derecho y el deber de conservar y custodiar las historias clínicas de cada uno de sus pacientes en forma escrita o electrónica. 
Los trabajadores de la salud deben realizar un correcto llenado de la historia, es decir, registrar todos los datos e informaciones referidas al paciente y su proceso de atención de manera completa, ordenada, veraz e inteligible.
La historia clínica es de propiedad del paciente, si bien debe permanecer en el servicio de salud. El usuario tiene derecho a revisarla cuando considere necesario y a obtener una copia de la misma a sus expensas (en los casos de indigencia le será proporcionada en forma gratuita).
Cabe destacar que la historia es de carácter confidencial y solo podrán acceder a la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con éstos, el paciente o personas autorizadas por él, y el Ministerio de Salud Pública incluyendo la Junta Nacional de Salud cuando lo consideren pertinente.
Los servicios de salud y los trabajadores de la salud deberán guardar reserva sobre el contenido de la historia clínica, y no podrán revelarlo a menos que fuere necesario para el tratamiento o mediare orden judicial. Los adolescentes, según el principio de autonomía progresiva, también tienen derecho a que se guarde  confidencialidad respecto de sus familiares, de los datos relativos a su salud que contenga su historia clínica, salvo que a juicio del profesional de la salud actuante o de dirección técnica exista riesgo grave para la salud del adolescente o de terceros.
Cuando se trate de personas fallecidas, podrán acceder a la historia clínica los sucesores universales debidamente acreditados.
En caso de que una persona cambie de institución o de sistema de cobertura asistencial, la nueva institución o sistema deberá recabar de la o del de origen la historia clínica completa del usuario. El costo de dicha gestión será de cargo de la institución solicitante y la misma deberá contar previamente con autorización expresa del usuario.
En el caso de las historias clínicas electrónicas, serán auténticas las que contengan una o más firmas electrónicas válidas mediante claves u otras técnicas seguras, de acuerdo al estado de la tecnología informática. Es responsabilidad de los servicios de salud dotar de seguridad a estas historias y determinar las formas y procedimientos de administración y custodia de las claves de acceso y demás técnicas que se usen.
Porque tenés derecho a la salud, tenés derecho a una historia clínica completa, ordenada, veraz y clara.

*Directora General del Sistema Nacional Integrado de Salud; representante del Ministerio de Salud Pública en la Junta Nacional de Salud.

Sexo a la carta

Soledad Marquez. Sexóloga

Ruego a usted se sirva informarme si puedo tomar sildenafil al estar en tratamiento con antibióticos por una infección urinaria.
V a a depender de los componentes del antibiótico el que no haya interacciones negativas entre ambos  medicamentos. Hay estudios que han demostrado que la eritromicina aumenta la concentración en sangre del
sildenafil un 182%. En cambio, la rifampicina produce el efecto contrario.
De todas formas, conviene consultar con su médico tratante que, de acuerdo a su historia clínica y características personales, le dirá qué es lo más conveniente en su caso particular.
Leo tu columna con mucha alegría, ya que me parece muy bueno ayudar a los demás a vivir más plenamente su sexualidad.
Yo quiero hacerte una consulta, y agradecería que no pusieras mi nombre. Soy homosexual, no tengo pareja y solo tuve sexo una vez. Soy pasivo. Mis preguntas son varias. Una: ¿cómo tengo que hacer para que la relación sea menos dolorosa y más higiénica?
Dos: Cuando me masturbo con algún objeto, ¿cómo tendría que hacer para no causarme ningún daño?
Te felicito por tu columna y desde ya muchas gracias.
Antes que nada, quiero que sepas que nunca publico el nombre de las personas que hacen las preguntas ni ningún dato que pueda identificarlas. Para que sea menos doloroso y no hacerte ningún daño, tienes que cuidar especialmente que el objeto esté limpio, o si es posible colocarle un preservativo. Puedes usar un lubricante de base acuosa y adoptar una posición donde seas tú quien va ejerciendo el control de la penetración. Es imprescindible estar bien distendido y con  tiempo suficiente.
Con respecto a la higiene, es conveniente realizarse previamente un pequeño enema. Se aconseja usar  siempre preservativo para evitar la transmisión de infecciones ya que las mucosas del intestino son fácilmente lesionables y, por lo mismo, generan una puerta fácil de salida y de entrada a los virus; también porque las bacterias normales en la flora intestinal no lo son en las vías urinarias.
Me gusta practicar el sexo oral. Mi pregunta es si existe algún inconveniente, aparte del sida y de otras  enfermedades venéreas, en el hecho de tragarse el semen.
El semen está compuesto en un 1% por espermatozoides, entre un 40 y un 60% por plasma seminal, formado por prostaglandinas y  fructuosa; entre un 12 y un 30% de un líquido rico en ácido cítrico, fosfatasas ácidas y alcalinas, albúmina, zinc, calcio y magnesio; entre un 1 y un 6% de un líquido viscoso que sirve de lubricante.
Ninguno de esos ingredientes tiene nada que pueda resultar tóxico al organismo humano por el hecho de ser ingerido, si el semen pertenece a una persona sana.
Tengo 16 años y noto que mi pene es más chico que el de los otros muchachos del club, así que trato de bañarme solo o en mi casa. Según tú dices en tus respuestas, no afectará mis relaciones sexuales con una chica, pero tengo mis dudas. ¿Tendré que operarme? Te agradezco si me respondes.
Uno de los mitos más conocidos es el referido al tamaño del pene. La creencia de que quien posee uno de gran tamaño es más viril y, por tanto, más capaz de satisfacer a la mujer, está muy extendida y ha ocasionado traumas a numerosos varones. Sin embargo, existen pruebas de que las diferencias entre dos penes en erección son muy inferiores a las que pudieran observarse en estado de flaccidez. Es decir: los de menor tamaño pueden aumentan más del doble de su tamaño durante la erección, mientras que en los más grandes, puede ser poca la diferencia entre el reposo y la rigidez.
Por otra parte, las zonas erógenas por excelencia de la mujer se encuentran ubicadas en el clítoris y en el primer tercio de la vagina, es decir, a pocos centímetros de su entrada. Según estudios realizados, se sabe que para la gran mayoría de las mujeres, más importante que el tamaño del pene de su pareja es qué está dispuesto a hacer para que ella se sienta bien y disfrute del encuentro de tal forma que quiera repetirlo. Los baños de los clubes deportivos han sido y son causa de muchos complejos varoniles, pues se prestan para las comparaciones sobre el tamaño de los genitales, sin tener en cuenta quizás las distintas etapas del desarrollo en que se encuentra cada persona. También que se ve de diferente tamaño mirando hacia abajo el propio pene que de costado el de otros. La falta de educación sexual y de aceptación de las diferencias propias y ajenas, ha permitido que, médicos inescrupulosos explotaran este complejo proponiendo y ejecutando operaciones costosas, riesgosas y no logrando siempre los resultados esperados, acentuando y manteniendo este mito vigente. Trata de encontrar quien te valore por ti mismo como persona, sin importarle tanto el tamaño de tu pene. 

*La psicóloga y sexóloga Soledad Márquez contestará, a través de esta columna, las preguntas que se le dirijan al teléfono 29084510, al e-mail solmar@chasque.net o a la redacción de La República de las Mujeres (Avda. Garibaldi 2579, Montevideo)

Lo que enferma es la homofobia

Domingo 22 de mayo de 2011
 
En Uruguay, las organizaciones de la diversidad sexual celebraron el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia en la explanada del Palacio Legislativo, denunciando los riesgos de esta conducta para la salud y vida de quienes tienen orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad. Rafael Mazín, asesor regional en Prevención y Atención Integral del VIH/sida de la OPS/OMS, condenó en un comunicado de prensa la patologización de esas orientaciones sexuales no heterosexuales, que se expresa tanto en pseudo terapias de “reorientación” como en castigo y hostigamiento.
 
Pese a que desde 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana removió la homosexualidad de la lista de trastornos mentales de su manual de estadísticas y diagnóstico, y que en 1990, a instancias de la 43va. Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud también la eliminó del manual de clasificación de enfermedades, “en muchos servicios de salud y equipos que trabajan en ellos, al igual que en todos los niveles de la sociedad, persisten actitudes de desdén, desapego y franca intolerancia que causan serios desajustes en la armonía comunitaria, afectan el tejido social y dañan, a veces irreversiblemente, a las personas así maltratadas, advirtió Rafael Mazín. 
 
“Para muchas personas y para una gran cantidad de grupos, organizaciones y asociaciones, la homosexualidad es incorrectamente vista como una manifestación o como un síntoma de problemas de desarrollo, de deficiencias orgánicas o de fallas profundas de la personalidad. Lamentablemente entre las personas que así lo perciben se encuentran también profesionales de salud y hasta profesionales de salud mental. Estas visiones equivocadas suelen estar asociadas con la falta de comprensión de la naturaleza de la sexualidad humana y con agendas políticas e ideológicas que se contraponen con la evidencia. La inmensa mayoría de profesionales de la salud mental han demostrado que la orientación homosexual es un rasgo distintivo individual perfectamente compatible con una vida plena y satisfactoria, siempre y cuando en el medio circundante no exista presión, escarnio, mofa, acoso, hostigamiento, maltrato o violencia”, continúa Mazín.

Como ejemplo extremo deestos comportamientos debe incluirse la reciente presión del diputado ugandés David Bahati-vinculado a la derecha religiosa estadounidense- para que el Parlamento de su país votara una ley estableciendo la pena de muerte para cualquier miembro de la comunidad gay que fuera portador de VIH y mantuviera relaciones sexuales. También que cualquier ciudadano de Uganda podría ser extraditado de vuelta al país por esos “delitos”. La tentativa de realizar actividades homosexuales se penaba con siete años de prisión y el no reportar dichos actos ante las autoridades o no delatar a presuntos homosexuales, con tres años tras las rejas.  
 
El presidente de ese país Yoweri Museveni, consideró “demasiado dura” la medida. La ministra de Información, Kabakumba Masiko, dio a entender que no había razones para aprobar una nueva ley, siendo que en la que rige actualmente ya se considera que las relaciones homosexuales son ilegales, aunque se sospecha que la amenaza de Estados Unidos de retirar ayuda económica a Uganda en caso de que el proyecto se aprobara, están detrás de esos posicionamientos. Finalmente llegó el 13 de mayo, día en que el Parlamento se declaró oficialmente disuelto sin debatir ningún asunto, ya que tras las elecciones celebradas en febrero de este año, deberá constituirse un nuevo cuerpo. Pero, como advierte Amnistía Internacional, habrá
que seguir de cerca la situación.  

A pintar Montevideo
Mañana 23 de mayo, a las 22 horas, la cita es en la casa de la FEUU (Arenal Grande 1422,entre Brandzen y Rivera). La organización no gubernamental Ovejas Negras convoca “a pintar Montevideo de lesbianas”, “para terminar con la invisibilidad de las mujeres que aman a otras mujeres”. “Vamos a resucitar en las paredes con grafitos infinitos la llamita que alberga cada una de esas mujeres que conocés o imaginás”, expresa la convocatoria, instando a llevar los brazos para pintar y, quien pueda, también un spray de pintura.

domingo, 22 de mayo de 2011

El lugar de las cosas ocultas

 Domingo 22 de mayo de 2011

¿Puede un personaje público –blanco, varón, profesional universitario, de buena posición socioeconómica- sentirse tan omnipotente como para comportarse como un déspota en el mundo íntimo de su vida privada, completamente desafectivizado y con una inmaculada crueldad ejercida sistemáticamente con “premeditación y alevosía”? O lo que es más terrible: ¿puede seguir sintiéndose así y actuando de la misma manera aún cuando haya sido atrapado en una oportunidad, recuperando su “prestigio” y su “buen nombre” en una sociedad que le devuelve su misma creencia de que “acá no ha pasado nada grave”?
KARINA THOVE

La novela que plantea Verónica Lecomte inquieta y atrapa desde su primera línea hasta el final. Escrita en un estilo muy simple y directo, con un gran ahorro de palabras en algunas ocasiones en que nos transporta a momentos emocionalmente devastadores, también podríamos decir que incomoda por su temática tan presente y tan oculta en nuestra sociedad.
Ese telón de fondo, reservado a la intimidad del hogar, donde todos los días se cometen tantos delitos que serían escandalosos e impresentables con un poco de luz pública asomando a sus ventanas, es el escenario privilegiado por esta narración que, no obstante, no descuida exhibirnos su contracara de virtudes públicas, tan contrastante con esa oscuridad interior, a todas luces negada cuando se evidencian signos que, de todas formas, nunca se quieren ver. 
 
Su personaje central, Pérez, con un nombre tan común y corriente no tiene nada de ordinario: es elegante, bien vestido,cuidadoso en todos sus detalles hasta la obsesión –como la repetitiva escena de sacarse los zapatos antes de entrar al estudio de su casa- meticuloso, ordenado hasta el punto de tener etiquetados todos los alimentos que se encuentran en su cocina o la distribución de los libros de su biblioteca. Pérez es un señor “todobajocontrol” y lo ejerce en toda su extensión de objetos y personas, entre otras razones, porque es incapaz de controlar sus propios y verdaderos deseos sexuales que nunca ha sabido vivirlos sin la mediación
del abuso, la violencia o el  sometimiento de quien se siente superior.

Los personajes femeninos
En la vida de Pérez ha habido dos esposas y un hijo, todos marcados por la tragedia de su soberana presencia misógina y fóbica.
Su actual esposa, Margarita, lucha por salir de esa relación que la enferma, la agobia, la atrapa y la deja sin salidas ante la atenta mirada con lupa de un esposo manipulador, cruel y autoritario, que no duda en ejercer la violencia física si es necesario para someterla.

Si hay esposa no puede faltar la amante, casi como una obligación autoimpuesta en los códigos del personaje
central quien, además, lejos de ser inteligente o “una chica lista” se nos presenta con todos los clichés que resultan ideales para este tipo de hombres.
El grado de dependencia y sometimiento que se muestra en esta relación enoja, perturba, molesta, a nadie puede dejar indiferente.

También está la madre que, por lo que se cuenta de su historia personal, es la que más se ha rebelado al control de su hijo –y antes de su maridopero ahora es vieja y por tanto puede ser más fácil despojarla de todo y encerrarla en una institución para “ancianos” o para “locos”, con la mirada comprensiva de buena parte de nosotros ya que “es lo que todo buen hijo haría por el bien de su madre”.
Catalina, la empleada doméstica abnegada, que admira a ese señor tan ordenado, tan limpio, tan pulcro, al que le debe favores personales, muestra el grado de ceguera al que se puede llegar en la asimetría del ejercicio del poder, para nada neutral en las consideraciones de género y de clase.
Venerar a un ser humano nunca es buena idea y mucho menos si es un ser tan perverso, con tan pocos reparos morales para someter al otro en su extorsionada visión de la condición humana, cosificada, despectiva, malévola, donde nunca hay espacio para la compasión y mucho menos para redimirse.
Verónica Lecomte

“El lugar de las cosas ocultas” es la primera novela de la uruguaya de 46 años Verónica Gutiérrez Lecomte (su padre fue quien le aconsejó que como escritora usara su segundo apellido). Escribana de profesión, madre de tres hijos -dos de ellos adolescentes- comenzó a incursionar hace poco en la creación literaria, aunque ha confesado que su sueño es “ser letrista de murga”. Haciendo el taller literario de Roy Berocay, a quien la autora agradece entre otras personas en la primera página del libro, así como al proyecto Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo, al cabo de un año estuvo lista esta novela que Alfaguara publicó hace pocos meses. Fue asistente de cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República durante ocho años y ha intervenido en publicaciones de Derecho Internacional Privado. Actualmente estudia psicología. Además colabora con la Ovidio Titers Band, compañía de títeres para adultos.





 

¿Y si me voy sola?

Domingo 22 de mayo de 2011

LIA SCHENCK
Yo ya estoy un poco harta de ayudar a mi marido a superar el machismo. A mí me deberían incluir en el libro de los récords Guinnes por la cantidad de veces que le he dicho a lo largo de veinticinco años de casados que no deje la toalla tirada en el piso después de bañarse. Para peor él es de los que se bañan todos los días así que vayan sacando cuentas. Trescientos sesenta y cinco días por veinticinco años y medio de convivencia… Claro que en esa cuenta hay que descontar las veces que estuvo con gripe y no se bañaba y la vez que se quebró el fémur y durante dos meses yo tuve que hacerle la higiene local y general sentado en una silla, Y así todo. ¿Cuántas veces le tengo dicho que cuelgue el pantalón cuando se lo saca para dormir?
¿Ustedes pueden creer que ha llegado a decirme que con tal de no escucharme preferiría dormir con el pantalón puesto? Fuera de eso trato de llevarme bien con él mucho más ahora que estamos por hacer una excursión baratísima a San Pablo por quince días. Todo estaría bien si no fuera porque ya tengo contabilizado que le pedí treinta y dos veces que me baje la valija que tenemos guardada en el último estante de un placard que está en la casa de la madre de él.
Yo no puedo ir a buscarla, no sólo porque estamos enemistadas desde hace nueve meses, sino porque no habría manera de que yo alcanzara a bajarla sin ayuda de una escalera que por supuesto ella no tiene. Se supone que habérselo pedido seis o siete veces estaría bien, pero ya estoy superada. Y si pienso que le tengo
que pedir que la lustre un poco porque es de las de antes, de las de cuero uruguayo y además le tengo que pedir que la cierre él porque yo siempre tuve poca habilidad con los cierres, me siento agotada de solo imaginar mi tiempo de espera.
Todo esto me desanima un poco y no sé si seguir adelante con este viaje. Seguramente alguien podrá preguntarme: ¿a cuál viaje te referís?, ¿al viaje a San Pablo?, ¿al viaje matrimonial? 
Es cierto, una vez leí en una revista de turismo que el matrimonio es como un viaje. En realidad no sabría qué contestar. Me doy cuenta de que estoy al borde de un estrés espantoso. Yo misma me hago chistes con eso de figurar en el Guinnes, pero la verdad es que estoy harta. De alguna manera siempre termino haciendo lo que mi marido no hace. Soy yo la que termina levantando la toalla mojada o colgando los pantalones. Ahora
me pongo a pensar que en realidad debería figurar en el Guinnes por hacer millones de veces lo que tendría que hacer mi marido, me refiero a lo que tiene que ver con hábitos personales. A veces me pongo a pensar qué es lo que yo más deseo a esta altura de mi vida:¿levantar pantalones del suelo? ¿colgar toallas? ¿lustrar una valija de cuero sabiendo perfectamente que soy alérgica a cualquier producto químico?
Creo que lo que más deseo, al menos hoy, es irme a San Pablo sola, sin valija y sin marido, ¿Por qué me costará tanto tomar una decisión tan sencilla?

MUJERERÍO. Domingo 22 de mayo de 2011

Red latinoamericana en campaña

Domingo 22 de mayo de 2011

El próximo 28 de mayo se conmemorará, como cada año desde 1988, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una iniciativa de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, también coordinadora de sucesivas campañas en las que se comprometen cada vez más organizaciones de la sociedad civil. En 2011 el énfasis está puesto en la salud integral y en los derechos sexuales y reproductivos.
En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Rsmlac) propuso instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres y al año siguiente se conmemoró el primer 28 de mayo con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, que coordinaron conjuntamente esa red y la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. En 1996 esta última evaluó conveniente ampliar el enfoque a la luz de nuevos problemas que afectaban la salud de las mujeres. Las organizaciones latinoamericanas y caribeñas decidieron impulsar desde entonces en la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, bajo la coordinación de la Rsmlac.
Desde esa fecha, cada 28 de mayo la red ha realizado llamados a la acción, priorizando temas como la calidad de la atención, los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, la ciudadanía en salud, el grave impacto del aborto inseguro, a agenda de la Conferencia Internacional de Población de El Cairo, los derechos sexuales y reproductivos. Incluso retomó la temática de la mortalidad materna como una demanda de justicia social, por considerar que no se ha avanzado sustancialmente en su erradicación.
Centenares de grupos y organizaciones afiliadas respondieron a esas convocatorias, desarrollando acciones variadas y creativas –desde capacitaciones hasta instalaciones artísticas, desde interlocución con  profesionales de la salud hasta marchas públicas destinadas a incidir tanto en la sociedad en general como en los tomadores de decisiones, para sensibilizarlos y exhortarlos a reconocer y proteger la salud de las mujeres como un derecho.
Este año, la Rsmlac propone una Campaña (Permanente) por la Salud Integral y los Derechos Sexuales y  Reproductivos de las Mujeres y Niñas.
Las demandas incluyen acceso universal, en todas las etapas de la vida, a la información y servicios de atención de la salud gratuitos o de bajo costo y de calidad; el reconocimiento y respeto a la diversidad en el diseño e implementación de esos servicios; el derecho a conocer y respetar el propio cuerpo, a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables o inoportunas, a relacionarse sexualmente con quien se desee sin presiones ni violencias, a buscar el placer sin culpas, a no tener sexo si no se desea.

También el derecho a decidir el número de hijos e hijas que se quieran tener, cuándo tenerlos o no tenerlos; a estar informadas para regular la fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles o que la pareja los utilice; a recibir atención de salud de calidad en el embarazo, parto y otros momentos de la vida sexual y reproductiva; a compartir responsabilidades de la sexualidad y la reproducción con la pareja; a protegerse de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-sida, en especial cuando se trata de adolescentes y niñas.
Otra reivindicación es el derecho a una participación igualitaria en las instancias de decisión del área de la  salud, para que las necesidades reales y urgentes de las mujeres sean atendidas.
La Rsmlac otorga pequeños financiamientos a proyectos que sus afiliadas se propongan desarrollar en el  marco de sus realidades locales.

miércoles, 11 de mayo de 2011

Tapa. 8 de mayo de 2011

Entre el techo de cristal y el piso pegajoso

“Entre el techo de cristal y el piso pegajoso. El trabajo como herramienta de inclusión en el Uruguay de 2011” es una investigación recientemente publicada por Cotidiano Mujer y ONU Mujeres. Su autora es Melissa Ardanche y con ella dialogó La República de las Mujeres para repasar todo lo que se ha venido haciendo en materia de políticas públicas en los últimos años con el ojo puesto en el empleo, tanto remunerado como no remunerado, lo cual sigue “empantanando” a las mujeres en el ámbito doméstico y reproductivo como bien sugiere el título.
Karina Thove

Han habido avances en materia de equidad pero las limitaciones, por un lado, siguen estando en “el techo de cristal” que afecta principalmente a las mujeres más calificadas impidiéndoles acceder a determinados puestos de trabajo -si acceden es con una remuneración menor y mucho más exigidas- y, en el extremo opuesto, está el “piso pegajoso” que afecta a las mujeres menos preparadas, en situaciones de informalidad laboral y/o vulnerabilidad social. “Las mujeres no tienen la cancha libre” afirma Melissa Ardanche y se explica: “Sumando el trabajo remunerado y no remunerado, como carga global, las mujeres trabajan 10 horas más que los hombres pero si solo nos fijamos en el trabajo remunerado, las mujeres trabajan menos, por tanto ganan menos aunque trabajen más en la casa, lo cual es un gran contrasentido basado en estereotipos patriarcales”.

A PARTIR DE LA EMERGENCIA
El período de gobierno anterior trajo una serie de novedades para atender la emergencia social que el país vivía desde la impactante crisis del 2002 -donde gran parte de la población se vio afectada y pauperizada- como fue la creación del Panes (Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social) y de un Ministerio específico para atenderlo: de Desarrollo Social (Mides).
A partir de la atención inmediata de estas urgencias se fueron implementando y desarrollando diversos programas, “pero no nos olvidemos que son programas transitorios que, al menos en un principio, como `Trabajo por Uruguay´ -que fue el primero que se implementó junto con el plan de emergencia-, no tenía una meta de inserción laboral. Eran tareas comunitarias, una experiencia de inclusión socio-laboral pero siempre en el marco de una situación de emergencia”, aclara Ardanche. La meta del empleo sostenido en el tiempo, a largo plazo, empezó a pensarse y a buscarse posteriormente, una vez que la emergencia social estuvo más continentada y contenida. 

En todos estos programas de carácter transitorio las mujeres son una abrumadora mayoría y también son las que más culminan todo el proceso -capacitación, empleo, uso de la red de contención social- “incluso  trabajan sobre las condiciones subjetivas de la empleabilidad, es decir, trabajan sobre sus miedos, sus expectativas, los fracasos, cómo elaborar un proyecto laboral propio”.  

HACIA EL EMPLEO SOSTENIDO Y DE CALIDAD

A partir de todas estas experiencias del quinquenio anterior, intentando salir de la emergencia social para  apuntar a un empleo formal, de calidad y sostenido en el tiempo, en estos momentos se está ensayando un plan piloto en cuatro departamentos (Montevideo, Canelones, Soriano y Artigas): “Uruguay trabaja” coordinado por el Mides y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Explícitamente este programa “tiene una meta de inserción del 30%”.
Pero hay un núcleo duro de la población que sigue teniendo dificultades para ser integrado/incluido, más allá de que la cifra del 6% de desocupación sea históricamente un guarismo muy bajo para Uruguay. Además, “según las proyecciones de inversión que tiene el país estamos con necesidad de mano de obra capacitada. Hoy por hoy, aumentar la actividad económica entre las mujeres y los jóvenes es una prioridad del gobierno porque también no hay otra alternativa”, explica pragmáticamente la investigadora.
No sólo el Estado sino muchos otros sectores de la sociedad vienen haciendo esfuerzos para implementar algún tipo de políticas de estímulo como la construcción, la forestación, la recolección de frutas cuyos déficits de personal son notorios (en algunos de estos casos también estamos hablando de bajas remuneraciones y condiciones de trabajo bastante malas). 

En el caso de la construcción, “hubo un efecto colateral de la combinación de la `ley de peones prácticos y obreros especializados´ y `Uruguay Trabaja´. En la ley se estableció que el 30% de la mano de obra que utilizaran las empresas que trabajaran en obras públicas tenía que provenir obligatoriamente de las listas de personas que participaron en los programas de trabajo protegido. En la medida que estos programas tuvieron cerca del 80% de participación femenina, ingresaron muchas mujeres a la construcción y esto es todo undesafío para acompañar esa inserción y lograr que sea sostenida”.
TITULARES SI, CUIDADORAS NO
A nivel estatal existe un “Ámbito por la inclusión y la formalización del trabajo” radicado en el MTSS, donde se estudian todos los mecanismos que se han ido implementando para avanzar en la ampliación del empleo formal y la protección social.

Ardanche no duda en señalar la ley de trabajo doméstico como “uno de los más grandes avances, porque ahí tuvimos un impacto en la formalización de las trabajadoras domésticas muy fuerte, incluso ahora la Organización Internacional del Trabajo (OIT) toma a Uruguay como modelo en este tema”. Otro de los logros ha sido “la ampliación del monotributo y lo que es ahora la propuesta del monotributo social para la gente que sale de los programas de economía social del Mides”.
Las asignaciones familiares que priorizan a las mujeres como titulares de la prestación, la flexibilización de los topes jubilatorios y bonificación de un año por hijo/a a las mujeres a la hora de jubilarse, la aprobación de la ley de unión concubinaria, los proyectos de ampliación de las licencias parentales, forman parte de los avances. Sin embargo, ese impacto positivo que puso el acento en las mujeres jefas de hogares -mayoritariamente monoparentales- “tiene un debe, porque si bien aumentó la autonomía económica de las mujeres, que se hacen cargo de los hogares y de los hijos, con o sin recursos, no cuestiona la división sexual a la interna de los hogares y sigue colocando a la mujer en el rol de cuidadora”, advierte Ardanche.
En cuanto a las leyes de acoso sexual y de acoso moral, vigentes en nuestro estado de derecho desde hace muy pocos años, aún no existe la reglamentación de la ley de acoso moral y se señalan muchas dificultades: “No hay apoyo legal ni psicológico para las víctimas, existe una gran asimetría en la disponibilidad de recursos de las partes -las empresas cuentan con su staff de abogados, los denunciantes y los sindicatos tienen muchos menos recursos legales- y el bajo correlato económico de las sanciones no lo hace atractivo de pelear para muchos abogados”.

El relevamiento de datos con perspectiva de género -también el cruzamiento de los mismos- sigue siendo una carencia importante a nivel nacional pese a que se ha avanzado muchísimo.“Tenemos algunas `joyas´ en cuanto a la sistematización de las políticas como es la Dirección de Desarrollo Ciudadano del Mides en el período pasado. Se hizo el programa `Uruguay Trabaja´, se editó la sistematización y están permanentemente en esa recolección de datos que son las cifras que están en la investigación”, aclara Ardanche, aunque eso parece ser bastante excepcional en el esquema general del Estado.
FALTAN MODELOS DE CORRESPONSABILIDAD
La actual demanda de empleos es una oportunidad para las mujeres “que pueden aprovechar en la medida en que se articule con los cuidados”, subraya la investigadora, un tema en el cual hay mucho menos trabajado y mucho más por hacer en términos de generar un debate público que lo coloque en la agenda política y social.
“Todavía no hay un diseño, ni siquiera contamos con un monitoreo de la malla de protección social que tenemos para luego ver qué otros apoyos se pueden dar desde el Estado. Para nosotras también hay un tema
de discusión del modelo de cuidados que lo  hemos planteado: podemos pensar un modelo donde hay un sistema de guarderías, etc., pero lo que tenemos que buscar es un sistema de cuidados que tienda a la corresponsabilidad que es lo que realmente lleva a un esquema igualitario”.
Todavía hay quienes identifican a las políticas de género como “cosas de mujeres” y que, en consecuencia, solo las afecta a ellas, pero “las políticas de género son aquellas que buscan que todos y todas estemos en igualdad de oportunidades en los dos espacios (público y privado).

Esto no quita que también haya que tener políticas afirmativas de grupo hacia las mujeres, hacia las jóvenes, hacia las afrodescendientes, pero son políticas diferentes, conceptualiza.

El debate por un modelo de cuidados equitatyivo también plantea desafíos sobre "el propio modelo de masculinidad, el derecho a los afectos, a la crianza de los hijos por parte de los hombresTenemos un modelo básicamente maternal, no parental. Incluso en este momento hay un proyecto a estudio de equiparación de la licencia maternal que tiene el sector público con el privado; a su vez también se plantea la ampliación de la licencia de los padres a 10 días. Estamos hablando de 13 semanas para las madres frente a 10 días para los padres y eso tiene que ver con el modelo de fondo que no se discute”, afirma Ardanche. Además de dejar a los padres con menos posibilidades de responsabilizarse por los cuidados y la crianza de sus hijos, afecta a la mujer a la hora de ir a buscar un empleo porque todavía persiste la visión en el mundo empresarial de que la mujer “se va a embarazar”, “se enferman los hijos y me falta”.

Según la investigadora, “hay países que tienen licencias igualitarias como el caso de Islandia: 3 meses para la mujer, 3 meses para el hombre y 3 meses opcional a elegir entre los dos; entonces, construir modelos de corresponsabilidad ayudaría a disminuir el estigma y los estereotipos que todavía pesan sobre los géneros”.

Para desdramatizar el aborto

En un evento que se imaginó como debate cultural y terminó siendo un aplauso cerrado a una potente actividad militante que está colaborando en la transformación de la vida de muchas mujeres de sectores populares, fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires “¿Cómo hacerse un aborto con pastillas?”. Compilado en 2010 por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, grupo activista argentino, el texto –que ya circula en formato digital- es un manual con la información necesaria y suficiente para que una mujer se practique un aborto en su casa de forma segura.

Sandra Chaher

“Este es un libro muy diferente a otros que se presentan en la Feria del Libro, porque exhibe una práctica y un conocimiento popular en un lenguaje accesible y recogiendo los testimonios de las mujeres que abortaron –señaló la periodista Lucía Alvarez, una de las panelistas convocadas para la presentación de “Cómo hacerse un aborto con pastillas”-. Las chicas de Lesbianas y Feministas se reapropian del derecho a la información y a la libertad de expresión. Ante una situación en la que el Estado queda exhibido en el peor de los sentidos, porque ni siquiera se ocupa de las consecuencias que tiene la prohibición del aborto en lasalud pública, ellas  entran en acción y eso es un avance cualitativo inmenso”.

Ese fue uno de los primeros momentos, después vinieron muchos más, en que el aplauso inundó una sala en la que ya no cabía nadie más. La gente se sentó en los pasillos y muchas personas siguieron la actividad desde fuera. Una actividad que fue pensada como de debate cultural, quedó arrasada por el entusiasmo de un público que aplaudió no sólo la presentación del libro, sino la potente actividad militante que el grupo Lesbianas y Feministas sostiene desde la línea telefónica Aborto: más información, menos riesgo (011-156-664-7070) en la que desde hace casi dos años asesoran telefónicamente sobre el uso delmisoprostol, un medicamento que permite la interrupción del embarazo sin necesidad de intervención quirúrgica.
Si bien las mujeres usan desde hace años el misoprostol, promocionado por el boca a boca, el surgimiento, en agosto del 2009, de la línea telefónica legitimó y dio visibilidad a una práctica que bien podría brindar el Estado: el acceso a información segura y completa sobre la utilización de un medicamento que está salvando las vidas de las mujeres. Utilizado hasta la semana 12 del embarazo, el misoprostol –que no es de venta pública y se lo receta para problemas gastrointestinales- permite que las mujeres de sectores populares –que no poseen recursos para la realización de un aborto quirúrgico- puedan practicar en su propia casa la interrupción del embarazo de forma segura, sin someterse a prácticas riesgosas para la salud como agujas de tejer, sondas y otros elementos. 

La periodista Claudia Perugino rescató también el lenguaje llano de “¿Cómo hacerse un aborto con pastillas”: “¡Qué bueno sería que el ginecólogo nos hablara así! La mayoría de las veces hay que pedirle que explique lo que dice”. Perugino, que se presentó en nombre de la agrupación Todas con Cristina, le puso palabras desde el estrado a una idea esbozada por muchas y muchos a lo largo de la noche: un modelo político nacional y popular no estará completo si no garantiza el acceso al aborto que cada año se cobra la vida de cien mujeres de sectores populares y les deja secuelas físicas y emocionales a muchas otras.
“Cada vez que nos negamos a hablar de un tema, estamos hipotecando el futuro y las posibilidades de crecer como sociedad –dijo a su turno la periodista y militante GLTBB Marlene Wayard- Y cuando un Estado deja solas para que aborten a las mujeres y las niñas, es una sociedad completa la que está ejecutando el abandono”. El cierre estuvo a cargo de Verónica Marzano que dejó claro desde qué lugar hablan las Lesbianas y Feministas y a quién se dirigen: “Nuestro interlocutor es el Estado: legalizar el aborto no va en contra de nadie sino a favor de todos, especialmente de las mujeres. La felicidad se construye desde la igualdad. Proponemos construir un relato desde el amor y no desde la muerte, desdramatizando el aborto”.
(Artemisa Noticias)

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: la sociedad responsabiliza a las víctimas

Edición del domingo 8 de mayo de 2011

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes sigue siendo un asunto poco problematizado en nuestropaís, del cual aún cuesta  hablar en términos de delito. Sin embargo, la Ley 18.815 del año 2002 la tipificó  como tal, y la posterior Ley 18.362 de creación de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado ubicó entre sus cometidos su abordaje judicial. Lo que sucede es que las trabas parecen ir más allá de lo formal. Contribuir a generar una mirada que complejice la lectura del tema, haciendo foco en valores, discursos y prácticas que naturalizan o legitiman la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, es parte de lo que se propone la presente entrevista con el doctor Jorge Díaz, titular del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno. 

Isabel Perez

Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado de Primer y Segundo Turno comenzaron a funcionar a partir del primero de enero de 2009. Su cometido es investigar y juzgar todos aquellos delitos cometidos por grupos delictivos organizados. En ese marco fue incluido, aunque
no desde un primer momento, el seguimiento de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas, lo que implicó un importante desafío para sus operadores que, hasta ese momento, tampoco habían pensado a estas prácticas como parte del crimen organizado.
 
Al mismo tiempo, en nuestra sociedad, la reacción más frecuente frente a los temas de violencia y explotación sexual parece oscilar entre dos extremos que poco ayudan a ver el problema de frente: la naturalización y el silenciamiento unas veces, el sensacionalismo o el escándalo las otras.
Atender a lo que los protagonistas y operadores piensan puede contribuir a ampliar la mirada para pensar qué valores sostienen, aún hoy, que personas u organizaciones cometan este delito. Sobre ello, y en el marco de un caso puntual de desarticulación de una red de explotación sexual infantil en el Departamento de Paysandú, La República de las Mujeres dialogó el doctor Jorge Díaz.

LA HIPOCRESIA

-En ocasión de la presentación del libro “El género, la edad y los escenarios de la violencia sexual”, de Diana González y Andrea Tuana, en la que usted participó, dijo que le sorprendió la sorpresa de Paysandú una vez que se resolvió el caso de la red de prostitución infantil en el que el juzgado a su cargo trabajaba. ¿A qué se refería?

-Más allá del lugar, en todos estos temas hay en la sociedad instalada una gran hipocresía. En primera instancia, porque si hay ofertaes porque hay una demanda previa. Si existen personas que se encargan de explotar sexualmente a menores, es porque hay personas que demandan a niños, niñas o adolescentes como objeto sexual. Yo creo que es claro que en este caso la demanda precede a la oferta.
Pero, además, hay hipocresía social porque tendemos a ver algunas cosas como naturales, como normales, parte del paisaje urbano, y un buen día viene alguien desde fuera y nos dice: ¡esto está mal, esto es un delito! Y allí nos sorprendemos…,pero nos sorprendemos de algo que teníamos a la luz pública.
-¿Qué cree usted que sucede?

-Cuando se habla de explotación sexual o de trata, se dice que hay un fenómeno invisible. Yo digo que lo invisible es la captación, pero a la hora de la explotación no hay invisibilidad posible. En el caso de Paysandú era visible, porque la explotación sexual se hacía precisamente en ese lugar: el fenómeno comenzó instalándose en la plaza principal, luego se trasladó al cruce fronterizo, donde existía la “colade camiones” por el corte (de ruta) de Fray Bentos. Se producía ahí, a la luz pública. 

Cuando el proceso se desata, la sociedad se sorprende. A mí me sorprende la sorpresa, porque era algo que estaba a la vista de todos. Y además, porque en algunos casos era notorio, por la propia complexión física de las víctimas, que estábamos hablando de menores de edad.

-Parece ser una reacción social que se repite.

-A mí me hace pensar muchas veces en la transformación que tenemos como sociedad, que nos mete tanto en nuestros problemas que a veces no podemos -o no queremos- ver las cosas que pasan a diario frente a nuestros ojos.

Quizá tenga relación también con que se suele juzgar la actividad y no ver a estos niños, niñas y adolescentes, en este caso, como víctimas.

Hay un asunto que es clave: en Uruguay, se podrá estar de acuerdo o no, pero la prostitución no se valora como un fenómeno culturalmente negativo. En general hay una aceptación, más bien tácita que expresa, frente al fenómeno de la prostitución. Yo creo que en ese sentido es muy valiente la propuesta del libro de González
y Tuana: discutir si lo es. Pero lo cierto es que hoy está aceptado, más allá de que en la hipocresía social siempre está la crítica de la actividad o de quien realice la misma. Ahora, en el caso de niños, niñas y adolescentes, que nadie vacilaría en calificarlo como algo aberrante, en la medida en que se empieza a “integrar al paisaje” se hace más difícil de ver.

LA JUSTIFICACION

Uno de los nudos problemáticos que impiden visibilizar la violencia y entender la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como delito, pasa, para las autoras del ibro al que se refiere el doctor Díaz, por poner en debate si efectivamente la prostitución es una práctica “natural” o debemos entenderla como práctica indefectiblemente atravesada por el patriarcado, y por tanto producto de las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres.
Respecto de cuánto hay de ideológico en la mirada de estos temas, parece iluminar el pasaje siguiente de la entrevista con el juez: “A mí me recuerda a cuando tú vas a caminar por el centro de Montevideo un domingo de  tarde, cuando no hay tránsito. De pronto ves edificios, elementos que pasas todos los días por ahí y no los ves. Salvando las enormes diferencias, creo que nos pasa algo similar con estos temas”.
-No sé si los explotadores asumen en algún momento su responsabilidad o los delatan las pruebas. Pero, ¿cuál es el perfil, qué es lo que dicen cuando son acusados?

-En realidad, cuando se hace un proceso de investigación de estas características, es muy difícil negar. Porque hay filmaciones, escuchas y demás. El cuerpo probatorio es tan importante que es muy difícil que la persona niegue su responsabilidad. En general, lo que hay es una justificación. Por ejemplo, dicen que no explotaban sexualmente a las o los adolescentes, que sí mantenían relaciones con ellas o ellos a cambio de dinero pero que no las explotaban. Que sí las trasladaban al lugar al que ellas o ellos le pedían, pero por la voluntad de las o los jóvenes. Entre otras cosas…

- Es decir, responsabilizando a las propias víctimas…

-Sí. En general hay una transferencia en la responsabilidad. Porque además suelen decir:“yo la albergo en mi casa, le doy de comer, mirá que bueno que soy”.

De todos modos, la de Paysandú fue una mínima intervención. Nosotros tenemos idea de que hay muchos más. El gran problema es en general con qué tipo de autoridad administrativa realizamos este tipo de investigaciones. Como es un fenómeno que está culturalmente aceptado en el medio, es prácticamente imposible hacerlo con la policía local.

Ningún Estado del mundo tiene suficiente cantidad de dinero como para investigar al crimen organizado. Sin embargo, una investigación que tenga éxito tiene un impacto importantísimo desde el punto de vista social.

-Usted ha comentado que una de las víctimas, durante el proceso, expresó su desconfianza en la Justicia.

-“¿Por qué yo voy a colaborar contigo si tú no vas a hacer nada por mí?”. Esas fueron las textuales palabras de una de las chicas. Duras, son muy duras y en parte tiene razón.
Están las dos caras. La chica que planteaba eso era adicta y el Estado había hecho cosas por ella. Pero los
resultados fueron buenos al principio y luego no. Para eso también tenemos que estar preparados. No podemos dar la respuesta sencilla de que “nosotros hicimos, pero si no se encarriló es porque no quiere”, “es un caso perdido” o expresiones del estilo. Hay que ser conscientes que salir de una adicción no es fácil y más

tratándose de adolescentes. Por eso digo que es parcialmente cierto lo que ella decía. Pero uno se siente interpelado cuando se lo plantean en esos términos.

Al final (la joven) aportó a la investigación. Pero ese fue su primer argumento. Luego aparecía esto de que la persona acusada era visualizada por las víctimas como alguien que les había dado un lugar, las había ayudado.

- Parece que ni los explotadores se consideran tales, ni las chiquilinas y chiquilines se visualizan como  víctimas.

-No solo eso, sino que si se visualizan como víctimas no lo quieren reconocer, porque tira abajo también su autoestima. En general, es la cuestión más complicada en este tipo de investigaciones: que no se cuenta con la colaboración de la víctima. Porque no se siente víctima y muchas veces, por el contrario, se sienten responsables de la situación en la cual están, y si no, porque sienten mucho miedo.
LOS CAMBIOS CULTURALES

Tal como aportan también las autoras del trabajo “El género, la edad y los escenarios de la violencia sexual”, es la naturalización de la existencia de una sexualidad hegemónica y dominante donde las mujeres, los niños, niñas y adolescentes están al servicio de la sexualidad masculina, lo que posibilita que en gran parte de los casos las víctimas no logren reconocerse como tales. Tampoco logra hacerlo la sociedad, que de este modo suele omitir su responsabilidad en la reparación de derechos de la que debiera sin embargo encargarse. 

Esto último, puede encontrar una de sus explicaciones en lo que las autoras denominan una confusión frecuente respecto a los derechos sexuales de niños, niños y, sobre todo, adolescentes. La misma radica en considerar que tener derechos sexuales excluye de por sí tener derecho a la protección frente a violencias/ abuso/explotación. Pareciera omitirse que ese derecho debe ejercerse, por un lado, desde las especificidades del desarrollo del sujeto en ese momento vital y, por otro, sin estar sujeto a desigualdades de poder de toda clase: generacionales, de género, entre otras. Esto es reconocerlos como sujetos de derechos.

-En las historias de vida del caso de Paysandú, ¿aparecen elementos de esa hipótesis que atraviesa el libro de González y Tuana, respecto de una posible continuidad entre el abuso intrafamiliar y la explotación sexual comercial?

-Sí. De hecho una de las víctimas, que captaba a otras en un hogar femenino, realmente tiene una historia terrible. Hija de un padre policía, que había violado a su hermana mayor, la había dejado embarazada y que había convivido con su hermana y el hijo en la misma casa en que vivían con su madre y el resto de las hermanas. Ella prefería estar lejos de esa historia cotidiana, aunque fuera también en un marco de explotación. El caso del padre de esta chiquilina terminó con el procesamiento por incesto, pero es fuerte. Siempre hay una historia detrás de la historia.
-¿Qué representa para usted, como juez, hacer cumplir la ley en casos como este en que están implicadas también cuestiones internalizadas por la cultura?

-Yo ingreso al tema crimen organizado por la vía de las investigaciones de droga y de lavado. El perfil que tenía por formación y por experiencia era ese. Participé además en la redacción de la ley de creación de los juzgados especializados en crimen organizado. Una cosa que nos pasó es que la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes y la trata de personas, no estaban incluidos como delitos de competencia de estos juzgados. Y no estuvieron incluidos en la primera comisión, pero tampoco se incluyó en la comisión revisora que funcionó en la órbita del Centro de Estudios Judiciales. Y tampoco se incluyó en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Se incorpora recién en el Parlamento, a iniciativa de la entonces senadora Margarita Percovich.
 Cuando aparece en el proyecto, nosotros no lo teníamos visibilizado como parte del crimen organizado. Como operador y como ciudadano no lo veía allí. Realmente en esto se ve hasta qué punto estos temas tienen que ver con cambios culturales muy complicados.
Cuando la senadora lo plateó y el Poder Ejecutivo nos consultó, yo dije: “sí, sí. No me cabe ninguna duda de que es así”. Pero, ¿por qué no se nos ocurrió? Allí empezamos a hablar con policías con los que habíamos trabajado en diversas investigaciones y nos preguntábamos: “¿cuántas veces tuvimos esto delante de los ojos y no lo vimos?”. Yo no tengo empacho en decir que formo parte del proceso de transformación de la mirada
de estos temas.


*Las ilustraciones de estas páginas, al igual que la que luce en tapa de la publicación, reproducen obras de la muestra “Un grito de ayuda para las víctimas de la explotación sexual”, presentada en Buenos Aires, Argentina, por Ruido Colectivo de Artistas (http:// www.ruidocolectivodeartistas.bolgspot.com).