domingo, 25 de septiembre de 2011
La región espera que Uruguay despenalice el aborto
Los límites y fortalezas de las estrategias diversas de los países de América Latina en relación al aborto, varían a su vez según el contexto en el que se aplican: una sociedad específica, con sus normas y consensos respecto de la decisión sobre el propio cuerpo como derecho humano de las mujeres. Ana Cristina González Vélez, médica y asesora en políticas públicas en salud, consultora a nivel internacional en temas de salud sexual y reproductiva y ex directora de Salud Pública de Colombia, estuvo en Montevideo dictando un seminario y dialogó con La República de las Mujeres sobre la situación regional y local. Para la experta, la región espera que Uruguay ratifique lo que su ciudadanía sostiene desde hace años según las encuestas de opinión pública: que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo.
En los últimos años en la región se han promovido distintas estrategias orientadas a garantizar el acceso oportuno de las mujeres al aborto seguro. Esas estrategias van desde la legalización –“estas son las que desde mi perspectiva se orientan más a proteger los derechos de las mujeres”, adelanta Ana Cristina González Vélez, pasando por la creación de regulaciones sanitarias a la implementación de estrategias de reducción de riesgos y daños, como sucede en Uruguay.
Las estrategias de legalización o despenalización “le reconocen a las mujeres el derecho a acceder a servicios que sean provistos de forma legal, oportuna, segura”, explica González Vélez, por lo que son, desde su visión, las que mejor protegen los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Son de dos tipos: aquellas que eliminan el delito por un tiempo determinado contado a partir del comienzo de la gestación (en general 12 semanas), como el caso de México DF, Cuba, Puerto Rico; o las que despenalizan el aborto en algunas circunstancias (causales como salud de la mujer, violación, entre otras), como es el caso reciente de Colombia.
El único escenario que tienen que enfrentar las mujeres en los casos en que la estrategia es la legalización o la despenalización, es el de “su propia decisión”.
Es decir: pueden resolver con autonomía interrumpir un embarazo si creen que es “inoportuno, que afecta su proyecto de vida, que interrumpe su educación, su trabajo o porque falló un método anticonceptivo”, ejemplifica González Vélez.
Derechos y vulneraciones
En Uruguay las causales existen, aunque aparecen en el Código Penal como “atenuantes o eximentes de pena”. Son tres: riesgo de vida de la mujer, violación, y una causal poco común que es la de la penuria económica.
Para la experta colombiana, por el trabajo cercano que ha tenido con abogadas, el hecho de que sean eximentes de responsabilidad penal significa que “la realización de un aborto en los casos que están previstos, no configura delito ni para la mujer ni para los profesionales”, lo que significa que se trataría de abortos no punibles.
Esto es “muy relevante técnicamente”, explica, porque supone que para esos casos debería haber “oferta” (de servicios) y que la misma debería ser legal, así como que debería existir regulación del Estado en la materia. Sin embargo, en nuestro país tales cosas no se han hecho.
La ex directora de Salud Pública de Colombia admite que esta interpretación está vinculada a la teoría jurídica –es con una abogada con quien ella ha abordado esta lectura-, lo que considera importante pues en nuestro país existen desde el año 1938 causales de inimputabilidad aunque no se hayan reglamentado.
Las cortes de Justicia “progresistas -detalla González Vélez- como la colombiana”, dicen explícitamente que para las causales que están eximidas de la pena “ya no hay delito y que de todas maneras los servicios tienen que ser prestados”. Este conjunto de estrategias, que han implementado países que ya cuentan con causales, pueden denominarse como de “regulaciones sanitarias” basadas en los derechos humanos, en tanto lo que hacen es “ajustar las normas del sector” para garantizar el acceso a los servicios, dando certezas a los profesionales.
Esta estrategia, que implica la especificación de cómo deben brindarse los servicios para garantizar el acceso al aborto en caso de que se configuren las causales establecidas, “va de la mano de otra estrategia que es la de la interpretación amplia de las causales”, advierte González Vélez. Por ejemplo, que la causal de salud y vida de la mujer sea interpretada entendiendo la salud desde un punto de vista integral, como bienestar biológico, psíquico y social, y no sólo aplicable cuando existe riesgo inminente de vida.
Para la interpretación de esta causal se cuenta con una publicación de consenso a nivel latinoamericano, titulada “Causal salud. Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos”, donde se esgrimen un conjunto de argumentos que orientan a los profesionales de la salud para tomar una decisión en la materia.Ç
Otro conjunto de estrategias refieren a la reducción de riesgos y daños provocados por el aborto realizado en condiciones de riesgo, entre las que se encuentran “la promoción del uso masivo de la aspiración manual intrauterina, el aborto con medicamentos o la promovida en Uruguay que es la de reducción de daños”, fundada en la consejería para detectar si hay una mujer que transita un embarazo no deseado, brindándole en ese caso información para que de interrumpirlo, lo haga de forma segura.
Para la especialista, las ventajas de esta estrategia son que “crea condiciones para prevenir el daño”, además de informar y asesorar, asegurando el acceso seguro a la anticoncepción, pues parte de la asesoría está orientada a que la mujer después del embarazo no deseado cuente con la misma de forma eficaz, lo que ayudará a prevenir abortos futuros.
Sin embargo, González Vélez recomienda esta estrategia solo para contextos muy restrictivos: “A mí me parece un poco más compleja la promoción de la estrategia en un contexto como el uruguayo –señala-Por un lado, porque en América Latina Uruguay es uno de los pocos países donde los últimos 6 años ha habido una estrategia continuada de debate democrático alrededor del tema del aborto”.
Las encuestas a la ciudadanía dan cuenta de que “la mayor parte de la población uruguaya cree que el aborto debería estar despenalizado hasta un número x de semanas de gestación”, por lo que lo que se espera desde la región, “como resultado de una democracia, es que los congresistas reflejen esa intención que tiene la ciudadanía”.
De hecho, “ya lo hicieron una vez, aunque lamentablemente operó el veto”, una estrategia bastante “antidemocrática”, entiende la experta colombiana, para quien “Uruguay se merece avanzar hacia una estrategia de cambio en el marco legal y de legalización del aborto”.
González Vélez insiste en que la estrategia de reducción de daños “cumplió un rol”, pero hoy por hoy para las y los uruguayos “la discusión debe ser la legalización”, pues considera que están dadas las condiciones sociales, también en el Parlamento. Además, el país debería avanzar “hacia una perspectiva de protección de derechos de las mujeres”, pues la estrategia actual tiene a su juicio “desventajas” importantes en este sentido.
En primer lugar, porque “la resolución final de la interrupción recae exclusivamente sobre las mujeres y hasta donde yo sé, en el caso del Uruguay el acceso a Misoprostol tiene algunas restricciones”, no siendo fácil para aquellas que deciden utilizarlo y quedan “expuestas a nuevos y mayores riesgos”.
Además de la vulneración de derechos a la que expone a las mujeres, la estrategia de reducción de daños si no cuenta con regulaciones sanitarias claras respecto de su indicación, somete a incertidumbres a los profesionales, explica la experta.
Estos son puntos en los que Uruguay presenta hoy -luego de seis años de aplicación de la estrategia que se reguló en 2004 y tal como lo sospecha González Vélez-, serias dificultades.
En ese sentido, recuerda una nota del diario “La República” del pasado 3 de agosto, donde se da cuenta de que “Los ginecólogos recomiendan el Misoprostol a quienes quieren abortar, pero no lo prescriben y tampoco practican abortos que estarían eximidos de pena por ley”.
La nota deja expuesta una realidad sumamente delicada, en la que la vulneración de derechos es clara: una adolescente víctima de violación queda embarazada y obtiene una orden judicial para realizarse un aborto en el marco de las causales de la ley de 1938. Sin embargo, no se lo realizan en el centro de salud, ni tampoco le es fácil obtener el medicamento para practicarlo.
Si bien no es “ilegal” prescribir Misoprostol, las normas sanitarias vigentes parecen no otorgar todas las garantías para que el acceso al medicamento sea efectivo: no pueden recetarlo los ginecólogos, solo los gastroenterólogos para el tratamiento de úlcera gastroduodenal y con receta especial. La misma nota da cuenta de la opinión de la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), sobre los mecanismos actuales para poder ejercer el derecho a la interrupción del embarazo: son poco claros y en muchos casos funcionan como barrera, como la Comisión Asesora sobre la Interrupción de la Gestación.
Para González Vélez, en Uruguay, deberían “operar primero las causales”, validadas desde una interpretación amplia y promoviendo, sobre todo, la despenalización o legalización para las primeras semanas de gestación.
En lugar de ello, el país ha creado “un mecanismo bastante complicado que es la comisión nacional que autoriza las interrupciones del embarazo”, lo que para ella constituye “una barrera tremenda de acceso para las mujeres”. Principalmente, porque pretende operar a nivel nacional y además porque, si bien se establece un mecanismo “formal”, el mismo es “sumamente complejo, porque yo como mujer de carne y hueso ¿cómo hago para que mi caso llegue a esa comisión y cuánto tiempo debo esperar?”.
Nueva oportunidad, sin temor al veto
La despenalización de la práctica del aborto ha tenido múltiples intentos parlamentarios en nuestro país. De hecho, el último (en 2008) llegó a su fin, aprobándose la Ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva que incluía el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de su embarazo. Sin embargo, el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó los artículos en tal sentido, quedando promulgado solo el resto del texto. Hoy, a tres años de aquella frustración y esta vez sin amenaza de veto, el debate vuelve al Parlamento. Justamente en el mes en que se conmemora –el día 28- el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
En diálogo con La República de las Mujeres, la senadora frenteamplista Mónica Xavier confirmó que el nuevo proyecto de ley sobre despenalización del aborto “ya tiene trámite parlamentario”. Fue ingresado en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, y se discutirá en cuanto se culmine el estudio de otra ley que ya se venía debatiendo sobre transplante de órganos y tejidos.
Luego de ser tratado en esa Comisión, donde el Frente Amplio cuenta con mayoría, el proyecto entraría a la agenda del plenario de la Cámara de Senadores para seguir su trámite ordinario.
Es de esperar que si la fuerza política de gobierno acordó una fórmula de consenso en cuanto a la despenalización del aborto –vale la pena recordar que en el año 2010 había dos proyectos oficialistas: el de Xavier y el del diputado Álvaro Vega, que lo retiró luego de negociarse algunas modificaciones al primero el camino esté allanado. En el Frente Amplio “no debería haber discrepancias”, dado que se acordó el ingreso de un único texto sobre el tema, estima Xavier. En cuanto al resto del espectro político, adelanta que lo más razonable es que, una vez que se inicie la discusión efectiva del proyecto, se tome contacto formal con quienes promueven otras iniciativas, como el diputado Fernando Amado del Partido Colorado.
La idea es “poder ir coordinando los enfoques ya desde la primera Cámara, para evitar después la pasada de una a la otra con modificaciones. Más allá de que cada Cámara podría hacer en el momento que quisiera
las modificaciones que considere pertinentes”, aclara Xavier.Lo que hay que garantizar
El proyecto del Frente Amplio, a diferencia del de Amado, contempla no solo la legalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación, sino que además, considera el tema como un asunto de salud pública, incluyendo los mecanismos sanitarios que debieran implementarse para garantizar la práctica.
“Lo que está ocurriendo de acá a un tiempo es que hay mujeres que se debaten entre la vida y la muerte porque en pleno siglo XXI recurren a prácticas que está claro que son dañinas y ponen en riesgo su salud, por no tener acceso garantizado en las policlínicas que deberían darles el asesoramiento pertinente para evitar los riesgos”, argumenta la senadora.
En coincidencia con la experta colombiana, Ana Cristina González Vélez (ver págs. 2/3 de esta edición), Xavier reconoce que si bien le alegra “que se haya podido incorporar la Ordenanza 369 del Ministerio de Salud Pública (protocolo de asesoramiento para la reducción de riesgos frente al aborto provocado en condiciones de riesgo) con rango legal” a través de su inclusión en la Ley 18.426 de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, “con ello no alcanza: hay que ir a la despenalización o legalización, pues sino siempre va a haber un espacio para el riesgo” de las mujeres.
El presidente Mujica manifestó en más de una oportunidad que si bien no tendrá iniciativa en esta temática, está dispuesto a respetar “la decisión que tome el Parlamento”, por lo que “no la vamos a vetar”.
Respecto del proyecto impulsado desde la bancada oficialista, el senador del Partido Nacional Carlos Moreira, dijo a La República de las Mujeres que está en desacuerdo, “tal como lo estaba en la legislatura pasada”.
En primer lugar porque según el senador “la vida comienza desde la concepción”, y la decisión de interrumpir un embarazo atenta contra ese derecho “preexistente a todos los demás que es el de la vida”.
Además, el representante del Partido Nacional considera que el proyecto que se encuentra para próxima discusión en la Comisión de Salud que él integra,“no tiene en cuenta una opinión fundamental que es la del padre”, al consagrar el derecho de la mujer a decidir por su sola voluntad.
Sin embargo, entiende que es a ellas (las mujeres) a las que habría que educar y “explicarles” cómo evitar embarazos no deseados.
Moreira reconoce que los problemas de salud derivados de las condiciones en que se realizan los abortos ilegales existen hoy en Uruguay, pero la solución a la que apela es la de generar políticas que “les permitan a la mujer llevar a término su embarazo”.
Según datos de la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), en nuestro país “cada 20 minutos una mujer debe enfrentar los riesgos que tiene el aborto clandestino”.
A su vez, encuestas de opinión pública revelan amplia aprobación respecto a una posible despenalización de la práctica del aborto: 61% de la población, según la empresa Factum en 2007, por ejemplo.
Campaña que no descansa
Desde CNS, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, se sostiene que la legislación actual “deja un gran vacío para las mujeres que transitan embarazos no deseados y esto es una clara expresión de inequidad de género, pues la ilegalidad implica una gran discriminación”.
Para el próximo 28 de setiembre, cuando se conmemore el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, MISU y el Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT convocan al panel “Avances y Obstáculos en la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay”, en el que se presentarán a través de un video cinco situaciones de mujeres en su recorrido institucional y clandestino para lograr la interrupción de su embarazo en el Uruguay de hoy.
La idea, dijo la coordinadora Lilián Abracinskas a La República de las Mujeres, es colocar nuevamente en el debate público el tema, tras 9 años de campaña ininterrumpida desde la sociedad civil por visibilizar y garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Por otra parte, y en el marco de un seminario regional que tuvo lugar en Montevideo del 19 al 22 de setiembre, con la organización de Médicos del Mundo Francia y organizaciones nacionales, se reflexionó en torno al acceso a servicios de aborto seguro y legal a partir de diversas experiencias y contextos en América Latina.
Participaron delegaciones de Perú, Guatemala, Nicaragua, México y Uruguay. En ese marco, también se realizó una mesa de trabajo con legisladores de las comisiones de Salud y de Población y Desarrollo del Parlamento, en una actividad organizada por MYSU.
Dos proyectos
El proyecto que apoya el Frente Amplio reconoce a toda mujer mayor de edad el derecho a decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gestación, pero además el de acceder a su práctica en los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud, previo consentimiento informado por escrito. Fuera del plazo indicado, también podrá decidir realizarse un aborto si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo su salud o su vida y si existieran malformaciones fetales graves.
Tratándose de menores de edad, se requerirá el consentimiento de por lo menos uno de sus representantes legales o de quien ejerza su custodia legal. De existir riesgo grave para la salud de la gestante y no tener el acuerdo de esos mayores, el profesional deberá solicitar autorización judicial.
La iniciativa regula también las obligaciones de los servicios de asistencia médica públicos y privados, así como los derechos y deberes de los trabajadores de la salud.
El proyecto presentado por el diputado colorado Fernando Amado, propone la modificación del Código Penal, despenalizando el aborto consentido sin exigir expresión de causa también hasta las 12 semanas de la gestación, hasta las 18 semanassi se hace para eliminar el fruto de una violación y sin límite de tiempo en caso de causas graves de salud de la gestante y del feto. Para estas situaciones, deriva al Ministerio de Salud Pública (MSP) la reglamentación de los requisitos que deberá verificar el médico o la institución de salud para intervenir.
Igualmente, en todos los casos exige que medie un plazo de al menos 5 días corridos entre el consentimiento de la mujer y la realización del aborto. Las soluciones para menores de edad son similares a las del otro proyecto, pero si se trata de mayores de 16 años no demanda consentimiento de representantes legales.
Respecto de las obligaciones de los prestadores de servicios de salud, pone a cargo del MSP asegurar que tanto en sistemas públicos como privados se ejecuten los actos médicos necesarios.Hecha la ley, hecha la trampa
La del título es una sentencia popular que a menudo los hechos confirman,
por lo que sirve para prevenir eventuales manipulaciones a que se prestan las normas jurídicas. Conscientes de ello y teniendo en cuenta que en 2014/2015 se aplicará por primera vez en comicios nacionales y departamentales la Ley 18.476 que reserva a las mujeres un tercio de los cargos electivos, las militantes políticas que se proponen competir desde ya están en situación de alerta. En un encuentro en el que participaron representantes de todos los partidos de la mayoría de los departamentos del país, se analizaron experiencias propias y foráneas en la materia, así como estrategias a poner en práctica para que la ley se cumpla a cabalidad.
por lo que sirve para prevenir eventuales manipulaciones a que se prestan las normas jurídicas. Conscientes de ello y teniendo en cuenta que en 2014/2015 se aplicará por primera vez en comicios nacionales y departamentales la Ley 18.476 que reserva a las mujeres un tercio de los cargos electivos, las militantes políticas que se proponen competir desde ya están en situación de alerta. En un encuentro en el que participaron representantes de todos los partidos de la mayoría de los departamentos del país, se analizaron experiencias propias y foráneas en la materia, así como estrategias a poner en práctica para que la ley se cumpla a cabalidad.
En el marco del proyecto “Por una mejor calidad de la democracia uruguaya: aportes al fortalecimiento de la Red de Mujeres Políticas”, que lleva adelante Ciudadanías en Red (CIRE) con el apoyo de ONU Mujeres, entre octubre de 2010 y junio de 2011 se realizaron talleres de sensibilización para militantes políticas en 18 departamentos del país. Participaron en ellos un millar de mujeres de todos los partidos y se eligieron referentes nacionales de cada uno de ellos: Leonor Soria por el Frente Amplio (FA), Beatriz Argimón por el Partido Nacional (PN), Andrea Maddalena por el Partido Colorado (PC) y Mariella De Marco por el Partido Independiente (PI).
No obstante, en el encuentro que se realizó en Montevideo los días 10 y 11 de setiembre pasado, al comienzo y al final hubo instancias colectivas: la primera de reflexión y la segunda de puesta en común de conclusiones sectoriales. La cuota de participación política para las mujeres (un tercio del total) consagrada por Ley 18.476, aplicada en las internas de 2009 y que se aplicará en las elecciones nacionales y departamentales de 2014 y 2015, fue el gran tema de toda la actividad.
Las referentes partidarias abrieron el encuentro. Maddalena llamó a hacer conciencia de la necesidad de que la ley de cuota se aplique para consolidar al menos el mínimo de lugares que reserva para las mujeres. De Marco recordó que “venimos a exigir un espacio que está ocupado por quienes tienen la firme aspiración de seguir ocupándolo”, por lo que es hora de “dejar de comportarse como la niña buena, ya que en política no rinde”.
“Tenemos que apoyarnos entre mujeres políticas. Vamos a ser todas problemáticas y seguramente se prefiera otras militantes prontas a firmar la renuncia para que en su lugar entre un varón”, alertó Argimón.
Una ley renga Niki Jhonson, coordinadora del Area de Política y Género de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, hace más de 15 años que estudia la relación entre política uruguaya y mujeres.
ley de cuotas y para ´navegar` su aplicación en el 2014”
El proyecto original establecía que en las listas de candidatos debían participar ambos sexos, con un mínimo de un tercio correspondiente al sexo que lleve menor número de candidatos (o sea, tradicionalmente las mujeres), y que la norma debería aplicarse de modo que cada tres candidatos sucesivos haya al menos uno de distinto sexo, lo que regiría para los quince primeros lugares.
En el proceso parlamentario se fue modificando hasta llegar al texto vigente, que mantiene la inclusión necesaria de una mujer en cada terna de candidatos titulares y suplentes, dejando opcional hacerlo en los primeros quince lugares o en totalidad de la lista. A su vez, limita la aplicación de la ley a las internas partidarias que se celebraron en 2009 y en elecciones nacionales y departamentales a las de 2014 y 2015, luego de lo cual se deberá hacer una evaluación de sus resultados.
Antes de que se estrenara la ley, la primera “trampa” vino de la mano de la reglamentación de la Corte Electoral, que pretendía que en las ternas se tomaran en conjunto titulares y suplentes, de modo que podría cumplirse con la ley colocando mujeres solo como suplentes. Fue necesario dictar una ley interpretativa –la Nro. 18.487-aclarando expresamente que el cómputo se hace por cada categoría.
No obstante la vigencia de los textos legales, su aplicación sigue dependiendo en gran medida de la voluntad de las personas que controlan las candidaturas: la inclusión de mujeres en las ternas se puede cumplir con 1 o con 2, que pueden estar en el primero, segundo o tercer lugar, lo que no es lo mismo en términos de posibilidades reales de salir electa.
La experiencia de las internas de 2009 mostró que la aplicación fue minimalista, es decir, los partidos incluyeron el menor número posible de mujeres: “Se hizo para cumplir con el requisito formal y no para cambiar la situación injusta, a pesar del discurso parlamentario”, como señaló Jhonson. Las excepciones se dieron en sectores o partidos menores.
La fraccionalización (elevado número de listas por partido) y las candidaturas duplicadas que permite el sistema electoral uruguayo, conspiran contra un mayor número de mujeres: por un lado, la cantidad de bancas se mantiene inalterable, y por otro se repite la misma mujer en varias listas. Ese fue el caso de Lucìa Topolansky, que encabezó todas las listas del MPP. “Eso no refleja promoción del liderazgo femenino”, apuntó Jhonson.
Las alianzas benefician a los sectores o partidos chicos, pero cuando se
aplica aquello de que “el más débil paga la cuenta” y colocar a la
candidata mujer en la terna le toca al menor, la cuota se trasforma en
un castigo.
La magnitud del distrito electoral también incide: hay 17 departamentos chicos y si la única posibilidad es ganar una banca por cada uno, “es complicado exigir que le corresponda a una mujer”, explicó Jhonson.
Teniendo en cuenta que los hombres siguen siendo “los dueños de la política”, otra forma de burlar la ley es que se coloque como candidatas a “mujeres `floreros`, `señoras de` que sean controlables y no representen peligro para el statu quo” advierte la investigadora. Para la confección de listas no se cuenta con procedimientos formales ni transparentes: la última palabra la tiene el dirigente.
No obstante, la cuotificación aplicada en las internas tuvo impacto en la composición de las convenciones nacionales partidarias (ver gráfica).
El primer proyecto de ley de cuotas ingresó al Parlamento uruguayo en 1988.¿Dónde estaríamos hoy si se hubiera aprobado y aplicado en las elecciones posteriores?
Los resultados de la simulación realizada por Jhonson y equipo se observan en la gráfica correspondiente a los comicios de 2009 que luce en estas páginas, y demuestran que, sin ser el ideal, la representación política femenina sería bastante más estimulante.
Así las cosas, Jhonson convocó a las militantes a elaborar desde ya estrategias partidarias e interpartidarias, tomando en cuenta que el proceso ya comenzó y se extiende más allá de las elecciones de 2014/2015: hasta
que, como marca la Ley 18.476, se evalúen los resultados de la aplicación de la cuota, momento para el cual será importante que en la legislatura resultante haya más mujeres.
Advirtió también contra el riesgo de pelear la candidatura individualmente y lograr algo efímero que no cambie el fondo. Para evitarlo, propuso luchar juntas, hacer alianzas con el movimiento de mujeres, “que tiene experiencia en campañas de opinión pública” y con organizaciones internacionales.
También deberían construir una estrategia de comunicación y frente a los medios, que al menos en un primer momento podría ser común a todos los partidos.
El tema del financiamiento de las campañas siempre ha sido un problema mayor para las mujeres. Hay organizaciones internacionales que se dedican a recaudar fondos para candidaturas femeninas y habría que incursionar en ese camino.
La eterna lucha por cumplimiento de pensiones alimenticias
Columna
Cecilia Vega
Escribana y abogada
Quienes figuren como deudores alimentarios no podrán contratar con ellos hasta tanto se levante la inscripción. La solicitud de información registral referida alcanza a directores o administradores de las personas jurídicas proveedoras, quedando prohibida la contratación con éstas en caso de que sus ellos estén inscriptos como deudores alimentarios.
Asimismo, en el artículo 279-A del Código Penal está previsto el delito de “Omisión de la asistencia económica inherente a la patria potestad o la guarda”: “El que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económica inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría. Constituye agravante especial de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento de los deberes de asistencia económica inherentes a la patria potestad”.
Estos son solo algunos ejemplos a seguir para poder perseguir a esos padres omisos en sus deberes.
Cecilia Vega
Escribana y abogada
Desde el año 2006, en nuestro país rige la Ley Nro. 17.957, que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
¿Quiénes son estos? Aquellas personas que estén obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños, niñas o adolescentes, menores de veintiún años o mayores de esa edad si se trata de personas discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia ejecutoriada o convenio homologado judicialmente; que adeuden más de tres cuotas de dicha pensión, ya se trate de alimentos provisorios o definitivos; que previamente hayan sido intimados judicialmente los adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente que carece momentáneamente de recursos para afrontar sus obligaciones.
Asimismo, la referida ley obliga a las entidades financieras y las emisoras de tarjetas de crédito, a informarse en este Registro (Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones), antes del otorgamiento o renovación de créditos, apertura de cuentas bancarias, emisión y renovación de tarjetas de crédito. Los eventuales costos que insumiera dicha operativa serán de cargo de las entidades financieras referidas. La omisión de este requisito o el otorgamiento cuando el solicitante se encontrare inscripto como deudor moroso, hará solidariamente responsable a la entidad financiera por el monto de la obligación alimentaria no
cumplida, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que determine el Banco Central del Uruguay por su omisión. También el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, así como las personas públicas no estatales deben solicitar información al Registro previo a contratar con sus proveedores.
cumplida, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que determine el Banco Central del Uruguay por su omisión. También el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, así como las personas públicas no estatales deben solicitar información al Registro previo a contratar con sus proveedores.
Quienes figuren como deudores alimentarios no podrán contratar con ellos hasta tanto se levante la inscripción. La solicitud de información registral referida alcanza a directores o administradores de las personas jurídicas proveedoras, quedando prohibida la contratación con éstas en caso de que sus ellos estén inscriptos como deudores alimentarios.
Asimismo, en el artículo 279-A del Código Penal está previsto el delito de “Omisión de la asistencia económica inherente a la patria potestad o la guarda”: “El que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económica inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría. Constituye agravante especial de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento de los deberes de asistencia económica inherentes a la patria potestad”.
Sin embargo, esta normativa no ha sido suficiente para que los obligados cumplan con sus deberes. Otras veces, quienes deben realizar los controles correspondientes no los hacen o los mismos operadores del Derecho omiten la aplicación de la normativa vigente. Para que quienes ostentan el título de padres o madres pero carecen de los más mínimos sentimientos de tales, cumplan coactivamente con sus obligaciones, hay que aumentar la creatividad y el celo en la aplicación de las normas.
La institución de las pensiones alimenticias tutela un bien de suma importancia, ya que la prestación es indispensable para el mantenimiento de la vida y más si esa vida es de menores de edad, que necesitan de sus padres para poder satisfacer sus necesidades de desarrollo físico, intelectual y moral.
Sin ir muy lejos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también existe un Registro de Deudores/ as Alimentarios / as Morosos/ as, que funciona en el área de la Secretaría de Gobierno.
Las instituciones u organismos públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/ as a quienes se encuentren incluidos en dicho Registro.
Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado del Registro. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.
Se exceptúa de lo normado a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días.
Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.
Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada cambie de titularidad, también debe requerirse la certificación del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación.
La Corte Electoral debe requerir al Registro la certificación respecto de todos los/ las postulantes a cargos electivos de la Ciudad, porque es requisito para su habilitación como candidato /a.
La Suprema Corte de Justicia también debe hacerlo respecto de todos los postulantes a desempeñarsecomo magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de
deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en ese ámbito mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y su funcionariado.
El gobierno de la ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad en esa jurisdicción, a requerir informes al Registro según lo prescripto en dicha ley.
Estos son solo algunos ejemplos a seguir para poder perseguir a esos padres omisos en sus deberes.
Quiénes son estas mujeres
El libro que habla sobre la persona y la vida de Laura Canoura, recientemente publicado por la editorial Medio&Medio, tiene una característica notoriamente distintiva respecto de cualquier otra posible biografía: está escrita por la hermana de la cautautora, la periodista Cristina Canoura, quien asumió el desafío de
entrevistarla durante casi dos meses, una vez por semana, consciente de “los encontronazos” que se iban a producir por la implicancia que da la cercanía.
El libro “Quién es esa mujer”, de Cristina Canoura, intercala capítulos escritos en primera persona, donde se distinguen las cursivas de la periodista del relato de la cantante, y las entrevistas hechas por Macarena Langleib a distintas personalidades del medio artístico relacionadas desde múltiples facetas con la amiga y la artista Laura Canoura.
El sello de la periodista aparece en varios momentos del libro donde se nota el trabajo de sonsacar opiniones, reconstruir anécdotas, bucear en temas más personales a los que la artista comprensivamente se resiste a abordar porque siempre ha guardado con celo su vida privada.
La hermana mayor define a la menor como “explosiva, huraña, generosa, antipática, audaz, habilidosa, divertida, verborrágica, bocasucia, pichinchera, cortés, irreverente, profunda y, sobre todo, muy distante de toda postura políticamente correcta”. El periodista Jaime Clara en la presentación del libro suscribió estas características y rescató una frase de una entrevista concedida por la cantante a la revista “Ñ” de Argentina: “Hay una manera Canoura de cantar”, inconfundible sea el estilo musical que sea y que la hace ser nuestra voz femenina más reconocida.
Nadie duda que Canoura ocupa un muy bien ganado sitial de privilegio en la música uruguaya –en muchos aspectos, ha sido una precursora dentro de las voces femeninas urbanas contemporáneas-; lejos de agotar una imagen o un repertorio, sabe reinventarse constantemente con acierto. Su particular timbre de voz, sus constantes incursiones en estilos musicales diferentes, hablan de su inquietud y necesidad de no ser etiquetada en ningún género en particular y eso mismo la ha hecho llegar a públicos muy variados que sostienen su trayectoria de más de 30 años.
Para muchas y muchos de su generación es aquella muchacha del emblemático “Rumbo” o de sus primeras incursiones como solista claramente identificada con el emergente canto popular uruguayo posdictadura. Otros la recordarán por el –en su momento-polémico jingle de Pepsi o el espectáculo al filo de los 90 que nos regalaron “Las Tres”-junto a Mariana Ingold, Flavia Ripa y Estela Magnone-, por su impecable trabajo interpretando a Piaf, por las giras que ha hecho por el interior del país para presentar sus trabajos, los tangos, los boleros, los blues, las canciones intimistas y, en forma cada vez más presente en los últimos años, la Canoura autora de sus propias canciones llegando a un público internacional donde se destaca la notoriedad alcanzada en Chile. También hay que decir que, desde “Mujeres como yo” (2001), el público femenino adulto se ha vuelto más cómplice de sus canciones.
El fusca verde limón, las fotos en blanco y negro, las anotaciones del blog que se ofrecen como un material extra –es una internauta confesa-, las letras de algunas de sus canciones más memorables, nos acercan al perfil de una mujer que se percibe a sí misma como bastante solitaria, hace las compras en la feria del barrio, adora cultivar plantas en su patio, usar el taladro para hacer arreglos en su casa, mientras se enfrenta cada mes, como tod@s, al dilema de pagar las cuentas y sobrevivir. Una artista muy uruguaya aunque, es bueno decirlo, no hace de esto una “pose de queja” y deja bien claro que esa ha sido, para bien y para mal, una elección personal en la que se siente muy a gusto.
Textual
“Me rechina que las empresas que donan –no la gente, los particulares- que deberían, por ejemplo, tener una actitud solidaria con la Peluffo Giguens sin hacer alharaca, simplemente porque pueden, aprovechen esa instancia para hacer publicidad. En estos casos, el marketing que genera la solidaridad”.
“Ahora que soy adulta reacciono distinto, pero la injusticia me sigue rebelando, desde lo más doméstico hasta lo más global. Me indignan las cofradías, la arbitrariedad, el poder mal ejercido”.
“Sobre las drogas, pienso que hay que legalizar el consumo. Con eso se eliminaría una cantidad de problemas, tanto en el área de la drogadicción como de la delincuencia”.
“Estoy de acuerdo con la legalización de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Tengo muchos amigos gays y muchas amigas lesbianas, y sé que serían padres y madres de primera categoría, muchos mejores que muchos padres y madres heterosexuales que conozco. Los educarían con más amor y con una cabeza más amplia”.
“Estoy a favor de la despenalización del aborto. La interrupción del embarazo es una decisión que tiene que tomar la mujer. Manteniéndolo ilegal lo único que se logra es perjudicar a las capas sociales más débiles. Eso no tiene nada que ver con la planificación familiar. Lo que sucede ahora es parte de una doble moral infame. Por un lado, no se acepta y no se legaliza el aborto, y por otro, se mantiene un sistema clandestino de adopción de niños, en forma paralela al INAU”.
“¿Se piensan que no existen mujeres en esos niveles porque no quieren?
No, no están porque la mayoría piensa `¿para qué me voy a matar, dejar horas de estar en mi casa con mi familia y mis hijos, si después llegado el momento van a poner a Pedrito de gerente?´ Sin embargo, si por ley los cargos tienen que estar equiparados, las mujeres con vocación de servicio se van a sentir respaldadas, y en las familias que funcionan bien se van a tomar las decisiones de manera diferente.
Se van a preguntar: ¿quién vale la pena que se esfuerce?¿Fulano o Mengana? Bueno, dale, Mengana, vamos arriba que todos te apoyamos”.
Fragmentos extraídos de “Quién es esa mujer” de Cristina Canoura, editorial Medio&Medio.
Sorpresa y media
Lia Schenck
Lo puedo creer que yo sea la misma que en pleno julio se alegraba con el resurgimiento de las flores de acacia pensando que la primavera es maravillosa. Esta primavera en particular es la más penosa, lluviosa y tormentosa de mi vida. No veo el Sol por ningún lado ni golondrinas que me den un poco de aliento. No soy tan ingenua como para pensar que el amor dura para siempre, pero nunca me pasó que una ilusión de amor me durara nada más que media hora. Y como si fuera poco, media hora bailando con alguien maravilloso que seguramente nunca más volveré a ver en mi vida. Apenas terminamos de bailar un tema de Manzanero me dijo que salía un momento a buscarme al auto una sorpresa.
Jamás sabré de qué se trataba la sorpresa. Como no sabía si había estacionado a dos cuadras, a seis o a ocho, a la media hora me empecé a preocupar. Jamás volvió. A la hora asumí con dolor que se había evaporado sin dejarme ninguna señal, ninguna nada. Yo había ido sola con lo cual me fui inmediatamente a llorar a mi casa. Ahora una amiga me dice que fui una impulsiva, que mire si realmente me había ido a buscar una sorpresa y al ver que no estaba en el auto fue a buscarla a su casa. Esa sola idea me desespera.
Todo lo que sentí con él durante esa media hora maravillosa será inolvidable. Fue algo así como una inmensa paz espiritual. Se me parte el corazón de solo pensar que él volvió a buscarme y yo ya no estaba. Yo creo que soy excesivamente dramática y eso no me gusta de mí. Esa abrupta desaparición en medio de un baile puede ser entendida como algo patético. También puede resultar patético creer en esa versión de la sorpresita. Pero no quiero, me niego, no soporto, pensar que todo fue tan patético. La verdad siempre es una cosa muy difícil de saber. Lo que sí es definitivamente patético es que yo me haya ido a llorar sola a mi casa. ¿Por qué no me quedé y disimulé un poco? ¿Por qué no aproveché la paz espiritual que sentía para salir de nuevo a bailar?
Creo que tengo enormes dificultades para conectarme con lo maravilloso. ¿Por qué no tomar las cosas como son? ¿Por qué dudar de la maravilla de la primavera por cualquier cosa? Que un hombre se vaya de los brazos de una mujer y se pierda para siempre en los misterios de la noche sucede muchísimo en todas partes del mundo, no sé concretamente entre los esquimales. Pero que deje esa sensación de paz espiritual es muy raro. Yo sé muy bien que sentir eso en los brazos de un hombre es una sensación desconocida para millones de mujeres. Ni siquiera estoy segura si los grandes amantes de la historia, digamos por ejemplo Cleopatra y Marco Antonio o Romeo y Julieta, la hayan sentido, ni juntos ni separados, alguna vez. Lo mío fue un privilegio, un milagro que duró prácticamente nada; que duró muchísimo menos que las flores de acacia.
Pero el recuerdo me acompaña día y noche. Y ya van dos días y dos noches. Lo que me impresiona mucho es que en media hora me haya enamorado tanto.
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